LA presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció ayer que nuestra comunidad autónoma acogerá en "las próximas horas" a un total de 25 refugiados de Oriente Medio, los cuales pertenecen al contingente de 585 personas que llegarán a España dentro de los compromisos adquiridos por nuestro país ante la Unión Europea. Si no fuese por la gravedad de los hechos y la tragedia humana que hay detrás de todo este asunto, podríamos decir que estas cifras son de carcajada. El Gobierno de España, que aseguró solemnemente el pasado septiembre que se iba hacer cargo de 16.231 refugiados, está muy lejos de cumplir con su palabra, algo que, sin embargo, no la diferencia del resto de la Unión Europea, que no está saliendo muy airosa de una situación que, a todas luces, la ha desbordado política y logísticamente.

Somos conscientes de que la avalancha humana provocada por los conflictos en países como Siria, Afganistán o Yemen no es un problema fácil de resolver, además de un terreno abonado para la demagogia. También es importante poner en la balanza que España (y Andalucía en particular) está especialmente expuesta ante los movimientos migratorios masivos del sur y que, lo que para algunos es un problema reciente, para nosotros es el pan de cada día desde hace décadas. Aun así, los compromisos adquiridos están para ser cumplidos y España y Europa tienen la obligación de estar a la altura de sus propias expectativas.

Aunque las cifras son muy difíciles de establecer, según entidades internacionales de solvencia como la agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estiman que durante el pasado año se llegó al millón de personas que consiguieron alcanzar las costas europeas, y antes del tratado de la Unión Europea con Turquía para frenar en el país otomano a los refugiados, la previsión era de que en 2016 se alcanzaría la cifra de un millón y medio. Evidentemente, con el compromiso de España de acoger a poco más de 16.000 refugiados no se puede ir muy lejos en la resolución del problema, pero mucho menos con las cifras que se están produciendo en la realidad, las cuales podemos decir que son una auténtica vergüenza para nuestro país.

Entre la vía que pretende ilusamente derribar las fronteras sin explicar cómo conseguirá mantener el Estado de bienestar y la que propugna su cierre absoluto sin importarle la suerte de centenares de miles de desesperados, no nos cabe la menor duda de que hay un camino intermedio. Podríamos empezar por cumplir nuestros compromisos y, en lo posible, irlos ampliando gradualmente.