IÑAKI Urdangarín ha entrado por méritos propios en la historia de España. De hacer caso a lo declarado ayer por su distinguida esposa, es el culpable de los delitos que hayan podido cometer las empresas en las que compartían la propiedad. Y ella, por amor o confianza, como cualquier ama de casa española, no entendía lo que firmaba ni dudaba del buen proceder de su marido. O sea, que toda la responsabilidad penal, si la hay, es de Iñaki, deportista de élite en el equipo de balonmano del Barcelona, con el que ganó diez ligas españolas, siete copas del Rey y seis copas de Europa, además de dos medallas olímpicas con la selección nacional.

Un hombre con una trayectoria de novela. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster por la Business School de Esade, tenía todo para vivir muy bien sin mucho esfuerzo; prestigio, dinero, influencia. No se entiende que participara en la corrupción política de los locos años 2000. Y, sin embargo, montó un tinglado empresarial con un profesor de Esade para entrar en ese mercado. Con éxito, hasta que los pillaron al tirar del hilo de los abusos del gobierno balear de Matas. Tras la instrucción, la Fiscalía cifra en más de 3,5 millones lo que Nóos le sacó a la Generalitat valenciana y en casi 2,3 millones el botín balear.

La infanta Cristina también ha entrado ayer en la historia de España: es la primera persona de la familia real española acusada de corrupción. Los delitos que le imputa el juez Castro no son una broma: evasión fiscal y blanqueo de dinero están penados con 11 años de cárcel en total. Y a pesar de que el padre de la implicada dijo al inicio del caso que toda actuación censurable debía ser juzgada y sancionada y que todos los españoles eran iguales ante la ley, este proceso demuestra que Cristina de Borbón no ha sido tratada como una ciudadana más. La Casa Real lamentó la primera imputación hace un año y apoyó el recurso de la Fiscalía. La abogacía del Estado, la Agencia Tributaria y la Fiscalía han actuado de escudo protector. El máximo jefe de estos servicios del Estado, el primer ministro Rajoy, no ha tenido empacho en asegurar que las cosas le irían bien.

Es posible que la Infanta sea desimputada, bien por el instructor o por la Audiencia de Palma, que ya anunció que no avalará su procesamiento si sólo lo piden las acusaciones particulares. (Y la Fiscalía participa del mismo convencimiento de inocencia que el presidente del Gobierno). Pero el descrédito para la Monarquía por éste y otros asuntos ha sido letal en los últimos años. El reproche social a la corrupción política no salva ni a la ciudadana Borbón ni a la Infanta de España. Y mucho menos a su plebeyo marido, dejado ayer a los pies de los caballos. Las evasivas de la defensa de la hija del Rey suponen indicar que toda la culpa es de Urdangarín.