LA Comisión Europea exige a España el cumplimiento de sus compromisos de consolidación presupuestaria, explicaciones sobre el desvío del déficit hasta el 8,5% del PIB y la publicación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012. También nos ha reprendido por el excesivo nivel de paro, aunque aprovechando la ocasión para felicitarnos por la iniciativa de la reforma laboral. Europa no está dispuesta a consentir focos de tensión en la periferia que puedan poner en peligro la estabilidad del conjunto y por esto apremia a España a que encuentre remedio a sus problemas, sin abandonar la senda de austeridad impuesta por Merkel y Sarkozy para la reforma del Tratado de la Unión.

Larga vida a la Europa de la disciplina fiscal y la estabilidad financiera en el funeral de la Europa de la cohesión, nacida del Acta Única de 1986. Conscientes de que el desmantelamiento de las fronteras podía suponer un importante perjuicio para las economías menos competitivas del sur del continente, la estrategia Delors para llevar a Europa al liderazgo internacional pretendido contenía dos piezas fundamentales. Por un lado, la Unión Económica y Monetaria, la encargada de elevar al máximo nivel la representación de los intereses europeos en el escenario internacional, cuyo elemento central es el euro. Por otro, la política de cohesión, encargada de hacer soportable el proceso a los más débiles y de redistribuir los beneficios de la unión.

El plan funcionó razonablemente hasta el cambio de siglo y los fracasos de la Estrategia de Lisboa y la Agenda 2000, pero sobre todo hasta el rechazo de Francia y Holanda al proyecto de Constitución Europea y las ampliaciones a 25 y 27 miembros. Una Europa demasiado desigual para que las aspiraciones de cohesión pudiesen mantenerse, pero que conseguía superar las difíciles negociaciones de las Perspectivas Financiera, gracias, es de suponer, al efecto balsámico de la burbuja financiera e inmobiliaria. Su explosión y la crisis de la deuda soberana posterior pusieron en evidencia la miseria financiera de algunos gobiernos y hasta la fragilidad de la moneda común.

La nueva doctrina europea de la estabilidad establece que el euro es intocable y que su solvencia tiene que ser inmune a la irresponsabilidad de los gobiernos. Al nuevo proyecto han decidido apuntarse finalmente todos, excepto Reino Unido al rechazar el resto su demanda de privilegios financieros para las entidades de la City, y los efectos han comenzado a notarse de inmediato. Su espíritu estaba presente en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se invitó a las comunidades a sumarse al esfuerzo de austeridad colectiva limitando su contribución al déficit hasta el 1,5% del PIB. La firmeza del gobierno en sus exigencias contrasta con sus lamentaciones sobre el calendario de los ajustes y con la decisión unilateral de elevar el objetivo de déficit al 5,8% en 2012, aunque es comprensible el temor a que la reiteración en los incumplimientos y la ocultación de datos animen a algunos a intentar colgarnos el cartel de tramposos, que ya padecen algunos vecinos de la ribera mediterránea.