HACE 28 años que el aceite de colza adulterado mató a 700 personas y machacó la vida de otras 20.000. Ya ha habido tiempo para aclarar, tanto en las instancias administrativas como en las judiciales, qué indemnización le corresponde al sevillano José Luque Jamardo, a su esposa y a su hijo, y que se las paguen. Ya hemos tenido en 28 años suficiente número de ministros, directores generales y presidentes del Supremo que podían haberse marcado como objetivo que al término de su paso por dichos cargos ya no quedara ni un solo caso sin resolver de tamaña vergüenza nacional. Pues va a ser que no. En teoría, José Luque, a sus 57 años, es el último mohicano, porque lo vemos acampado junto al Palacio de la Zarzuela, tras pasarse las navidades junto a la Moncloa. Pero por deducción hispánica cabe suponer con fundamento que por cada español que reivindica sus derechos e implora justicia, hay otros diez que sufren sus cuitas en silencio sin reclamar.

El Rey le ha hecho llegar a José Luque el único mensaje posible: el jefe de Estado no interfiere en los asuntos de la Justicia aunque acampe delante de su palacio, y lo ha reenviado al Ministerio de Justicia. Difícil lo tiene ahora para cobrar o para que no le embarguen, porque en todas partes le pueden esgrimir excusas: los jueces de la Audiencia Nacional, que están sobrecargados de trabajo; el ministro, que no le molesten con asuntos del siglo pasado, con la que tiene liada en el poder judicial. Y el BBVA, que le dio un préstamo de 210.000 euros teniendo como garantías las primeras sentencias sobre la indemnización que le correspondía (después revocadas y ahora pendientes de recurso), está como todos los bancos, pegando bocados para cobrar.

Se ha cometido con él una injusticia por mal funcionamiento del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, por sus contradicciones sobre las secuelas que le dejó la colza. En su caso, lo que más le ha intoxicado es la burocracia. Víctima por partida doble.