El asunto lleva justo tres años dando vueltas y levantando odios y pasiones en el sector turístico. En septiembre de 2016 el gobierno de Juan Espadas abrió con valentía y decisión el debate público en torno a la necesidad de aplicar una tasa turística en Sevilla. La intención era sellar un acuerdo total porque, en apariencia, sólo los hoteleros se posicionaban claramente en contra de este nuevo impuesto.Quizás lo que no calibró bien era que el enemigo iba a estar en la propia Administración, amiga por aquel entonces. El consejero de Turismo no digirió bien la osadía del Ayuntamiento de Sevilla y castigó la “inoportuna” iniciativa poniendo palitos en la rueda.

Pero el debate no se frenó porque en Sevilla hay muchos que no entienden cómo la tasa turística sigue sin implantarse en una ciudad que, sin duda, necesita recursos para gestionar una industria que desborda todas las previsiones. Y en Andalucía también hay otros alcaldes que comulgan con la idea y que si no lo han gritado antes más alto ha sido por el temor a generar crispación en la Junta de Andalucía.

Sin el permiso del Gobierno andaluz no es posible implantar en Sevilla la tasa que requiere de una ley autonómica que la ampare. Hay otra opción: una modificación de la ley de haciendas locales por parte de la Administración central que, sinceramente, se antoja complicada en estos momentos. El PP siempre ha rechazado tajantemente la tasa, pero en Granada ha firmado un acuerdo de gobierno con Ciudadanos que incluye dicho tributo. Curioso.

El gobierno de Espadas, en cualquier caso, está ahora dispuesto a dar un empujón más y a rebatir todos los argumentos en contra de la citada tasa. ¿Cuáles son? El peligro de aumentar la presión fiscal y disuadir al turismo. Y no hay ningún informe que demuestre que haya caído el turismo como consecuencia de la tasa en alguna de las ciudades que la han implantado. Es más, este verano incluso se ha experimentado una subida generalizada de las tasas en las ciudades europeas, salvo en España, donde Barcelona y Baleares han mantenido los precios.

La tasa no ejerce una presión fiscal ni para los residentes, ni para el sector. Es un mecanismo de financiación para el márketing turístico y cuestiones como la rehabilitación del patrimonio. Esto es, la tasa sólo es gravosa para los turistas y lo que se recaude no se destinará a otros menesteres que no sean promocionar la ciudad, mejorar los servicios... cuestiones que benefician al sector y, por extensión, a la ciudad. El Ayuntamiento garantiza transparencia y un control público-privado de estos ingresos, un compromiso que, ojo a quienes hablan de turismofobia, permitirá compensar los efectos posibles que pueda tener la saturación en algunas zonas.

¿Dónde está el problema? En el sector hay voces que insisten en que no hay que morder la mano que da de comer, ni darle argumentos a la competencia con impuestos... Análisis pobre y algo demagógico. Sí hay un punto que habría que resolver. ¿Y quiénes no se alojan en hoteles en una ciudad de pisos turísticos? Ésa es la segunda parte, la primera es apostar por la tasa sin complejos.