UNA semana más, se siguen sucediendo noticias preocupantes sobre la economía española: el FMI y el Gobierno revisan su previsión acentuando la recesión para 2013; la prima de riesgos alcanza nuevos máximos a pesar de las medidas de ajuste; la bolsa de valores registra la mayor caída desde hace más de dos años; el Fondo de Garantía de Depósitos tiene que formalizar avales de 770 millones de euros para conseguir el apoyo de Finlandia al rescate de la banca... Pero las noticias más preocupantes provienen, a mi juicio, de la balanza de pagos y de las reacciones al ajuste fiscal.

En relación con la balanza de pagos, si bien la economía española ha venido financiando su déficit por cuenta corriente y de capital desde hace más de una década sin dificultad en el mercado financiero internacional (inversiones directas, en cartera, préstamos, derivados financieros...), desde que se recrudeció la crisis el verano pasado se ha producido una inversión de ese flujo con una salida neta de capitales, que se viene intensificando hasta alcanzar entre enero y abril la suma de 137.000 millones de euros (cerca del 40% del PIB de ese cuatrimestre), lo que obliga a demandar financiación al Banco Central Europeo, sin la cual habríamos suspendido pagos o tenido que solicitar un rescate.

La segunda fuente de preocupación es el deterioro del clima social. A diferencia de otros países en los que la crisis económica ha generado un notable malestar social, con un aumento de la inseguridad y el surgimiento o intensificación de grupos políticos radicales, en España hemos disfrutado de paz social a pesar de tener la tasa de paro más elevada del mundo desarrollado. Sólo el movimiento del 15-M representó una respuesta de indignación ante la crisis, pero no ha llegado a cuajar en un movimiento articulado en torno a unos objetivos o programa. Por ello, lo novedoso es la eclosión del descontento social por el rechazo a las medidas de ajuste fiscal, lo que ha provocado una amplia movilización ciudadana en todo el país.

Una movilización que, por ahora, no está teniendo como protagonistas a los millones de parados sin perspectivas de empleo, ni a los empresarios que han tenido que cerrar cientos de miles de empresas, ni a los millones de ahorradores que han visto reducirse su patrimonio en bolsa a la mitad, ni a los autónomos que han reducido drásticamente sus ingresos derivados de contratos públicos, sino a los empleados públicos que se sienten especialmente maltratados por la eliminación temporal de la paga extra de Navidad, que se suma a recortes anteriores. No obstante, es previsible que todos los descontentos encuentren en estas movilizaciones su lugar de expresión, lo que se ve facilitado por el apoyo sindical y de Izquierda Unida a sus reivindicaciones, y por el deslizamiento del PSOE hacia posiciones críticas a la política de ajuste fiscal. También entre estos síntomas del cambio social y político hay que incluir el rechazo de las comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular a la política del Gobierno y, en particular, a su asignación en exclusiva del aplazamiento del objetivo de déficit en un año o del aumento del IVA.

Sin embargo, la política de ajustes y reformas es imprescindible. Se podrá discutir la justicia relativa de cada recorte, la oportunidad de otros ajustes alternativos o la forma del Gobierno al adoptarlos, pero la dependencia de los mercados financieros y los compromisos europeos nos obligan a reducir sensiblemente nuestro nivel de gasto público. Ciertamente sólo con austeridad no se saldrá de la crisis, pero sin austeridad no tendremos los imprescindibles apoyos de las instituciones europeas para sanear el sistema financiero, para cubrir nuestras necesidades de financiación y para recibir a medio plazo los estímulos al crecimiento.

El aumento de las tensiones sociales no facilita la solución racional de los problemas ni favorece la imagen internacional del país, por lo que los colectivos, organizaciones, partidos y gobiernos deberían medir las consecuencias de sus iniciativas. Pero es al Gobierno al que le corresponde muy especialmente cambiar su comportamiento. Si bien está acometiendo reformas y ajustes razonables, sus errores e imprevisiones, tanto en política presupuestaria como en la reforma del sistema financiero, así como su arrogante actitud soberana ante el déficit y su desconsideración con la oposición y con comunidades autónomas como la andaluza, ponen de manifiesto un notable déficit en las formas.

Además de mejorar sus relaciones públicas se requiere del Gobierno un programa de política económica consistente. Los distintos colectivos sociales a los que se les imponen dolorosos recortes y los ciudadanos en general serían más comprensivos si visualizasen para qué sirven, y cuándo y cómo podemos salir de la crisis. Nadie puede asegurarlo, pero si el Gobierno explicase su hoja de ruta en la que detallase el proceso de reformas y ajustes y sus previsibles efectos en el tiempo se podrían digerir mejor las restricciones del presente.