EL presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una reunión urgente para que le explique lo que considera un ataque a las comunidades autónomas tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La división sobre la política de recortes y la evidente existencia de dos modelos de actuación frente a la crisis han hecho cristalizar lo que se adivinaba tras las elecciones autonómicas del 25-M: la política de confrontación entre los gobiernos andaluz y nacional, uno controlado por la coalición PSOE-IU y el otro en manos del PP. Es una política negativa para los ciudadanos en la medida en que introduce factores de deslealtad institucional. Se suceden, sin embargo, noticias y posicionamientos que añaden combustible a esta inconveniente hostilidad. La Junta ha recurrido o estudia recurrir decisiones del Gobierno sobre el copago farmacéutico y el ajuste en educación, el Gobierno rechaza las subastas de medicamentos impulsadas por la Junta, y unos y otros dan cada día muestras de su enfrentamiento. El Gobierno se mantiene firme, como es su obligación, en la defensa de los compromisos del déficit público y vigila estrechamente a la Junta, y otros gobiernos regionales. No obstante, la Junta plantea algunas cuestiones razonables, como la defensa de que el mayor margen logrado por España para su nivel de déficit de 2012 sea compartido entre el Estado y las autonomías, que verían así aliviada su asfixiante situación financiera o la demanda de que el aumento de la recaudación por la subida del IVA no sirva exclusivamente a los ingresos estatales, sino que vaya también en parte a las arcas autonómicas. Realmente es lo que correspondería a un Estado autonómico: que la nación y las comunidades compartan esfuerzos y beneficios. Reorganizar y reordenar la España de las autonomías es un deber colectivo que debería ser compatible con el mantenimiento de este tipo de configuración institucional y el respeto a las competencias de todos.