EL Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó en su edición de ayer una orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública regulando mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación a los diversos entes del sector público andaluz (agencias, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones). Básicamente la orden aumenta las potestades de la Intervención de la Junta en la fiscalización previa del acto de la transferencia -remisión de fondos de la Junta a alguno de sus entes instrumentales para el cumplimiento de sus objetivos- y en la verificación posterior de su uso. En otras palabras, se pretende que las transferencias financieras dentro del sector público queden sometidas a los controles de los interventores, como exige la ley, tanto en origen como en destino, es decir, en cuanto a su realización y a la utilización del dinero transferido. La orden de Hacienda viene a cumplir el compromiso que adquirió la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, en septiembre de 2013, en respuesta al escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya. La transferencia de financiación de la Consejería de Empleo a las agencias IFA e IDEA para que éstas gestionaran sucesivamente, durante una década, las ayudas y subvenciones a empresas en crisis, fue precisamente el mecanismo ideado para agilizar la concesión de las mismas sin pasar por los controles de la Intervención. La ausencia de vigilancia y fiscalización está en el origen del caso de los ERE, ya que permitió la generalización de las prácticas de corrupción y clientelismo cuyos beneficiarios y algunos de cuyos responsables políticos se encuentran imputados en la causa de instruye Alaya. La orden difundida ayer supone el reconocimiento de que con anterioridad las cosas no se estaban haciendo bien en la Junta de Andalucía en materia de subvenciones y, en definitiva, de manejo del dinero público. No hace falta decir con cuánto rigor, meticulosidad y estricta sujeción a la legalidad han de comportarse los responsables públicos y los funcionarios a su mando con respecto a los fondos públicos que administran al servicio de la comunidad autónoma. En este sentido se recalca el papel de los interventores, garantes del cumplimiento de la ley en todos los niveles de la Administración y en el ejercicio de todas sus actividades. Si la Administración autonómica es lenta y pesada, hágase al fin la reforma que necesita y que tantas veces ha sido anunciada, en vez de buscar caminos erróneos para agilizarla al precio de eludir los controles de la acción pública y abrir hueco a las irregularidades, corruptelas y aprovechamientos ilícitos.