EL levantamiento del secreto del sumario del caso Madeja, que instruye la juez Mercedes Alaya, ha permitido un amplio conocimiento sobre la organización y el funcionamiento de esta red de sobornos dirigida por la empresa Fitonovo y con complicidades en distintos niveles de la Administración Pública no sólo, aunque sí más notoriamente, en Andalucía. Aparte de los propietarios y altos directivos de la empresa, calificados por la juez de "organización criminal", están imputados dos ex alcaldes de Algeciras y concejales de PSOE e IU del Ayuntamiento de Sevilla durante la larga etapa de gobierno municipal compartido por estas dos organizaciones, un concejal del PP de la etapa actual, que fue destituido por el alcalde cuando se supo de su implicación en el escándalo, y altos funcionarios de instituciones como los propios ayuntamientos, la Diputación y la empresa pública Adif. La acusación está centrada en el cobro de comisiones o "mordidas" en dinero y regalos a cambio de la adjudicación de contratos y obras públicas en procedimientos irregulares o amañados. De ello proceden las características singulares del caso Madeja, que lo diferencian de otros negocios corruptos vinculados a la actividad política. Por un lado, se trata de una corrupción que podríamos llamar transversal, que afecta a cargos públicos de las tres formaciones políticas mayoritarias, lo que implica que la "organización criminal" no hacía distingos ideológicos o políticos, sino que acudía a protagonistas variados para dar satisfacción a sus intereses ilícitos. Se da también la circunstancia de que los sobornos no iban dirigidos únicamente a los cargos públicos y su provecho personal, sino que los hechos investigados y las numerosas pruebas acumuladas apuntan a la financiación ilegal de los partidos correspondientes, que percibían remuneraciones por las acciones ilegales de sus militantes en forma de comisiones para sus finanzas o arreglos de sus sedes. Por otro, la complicidad de altos funcionarios, que ponían su poder administrativo y su influencia al servicio de la empresa mencionada, significa que la práctica corrupta ha infectado en este caso a los empleados públicos sin connotación política aparente. Estamos, pues, ante un fenómeno de podredumbre extendido, aunque de no excesiva dimensión, que hunde sus raíces en la parte de la estructura social más vinculada al poder político y burocrático. Malas hierbas crecidas en los años de la presunta impunidad que ahora son atajadas por el correcto funcionamiento del estado de Derecho. En efecto, la acción policial y la instrucción decidida de la juez será la que saque a la luz y ponga coto a estos cohechos.