LOS gobiernos elegidos en época de crisis suelen imprimir un giro radical a la política económica de sus antecesores que normalmente favorece el proceso de recuperación. Ocurrió con Felipe González en 1982 en España, aunque las evidencias en el extranjero son abundantes, como documentaba Rafael Pampillón a finales de 2010. También existe evidencia de algo parecido cuando los gobiernos son elegidos inmediatamente después de una crisis, como también ocurrió en España con el primer gobierno de Aznar. La constante en todos los casos es la presentación de un programa de gobierno marcado por objetivos económicos ambiciosos, que normalmente incluye un solemne compromiso de impulsar cambios en el modelo productivo. Más recientemente, el programa electoral que llevó al PP al gobierno tuvo como piedra angular los cambios en la política económica y las reformas estructurales, que también fueron el principal motivo de confrontación en el debate electoral posterior en Andalucía.

Griñán consiguió renovar como presidente de un gobierno inestable por la acción corrosiva del caso ERE, aunque ideológicamente apuntalado desde la izquierda. Su posterior escapada ha coincidido con las primeras señales esperanzadoras de recuperación, por lo que la expectación en torno al programa económico de Susana Díaz estaba plenamente justificada. ¿Aplicaría la nueva Presidenta el giro de política económica habitual en estas situaciones, o se limitaría a recoger el testigo heredado, aplazando las grandes decisiones hasta conseguir el beneplácito de las urnas? En cualquier caso, algunos esperábamos un discurso de investidura con abundante contenido económico, incluyendo una valoración de los nuevos matices coyunturales y hasta el probable anuncio de alguna medida de alcance.

Finalmente quedó despejada la incógnita y Susana Díaz ha preferido, sencillamente, ignorar la gravedad de la situación, dando la impresión de pretender gobernar al margen de la economía. Algunas de sus reflexiones, como su intención de gobernar sin mirar al Íbex 35 o de estar más pendiente de las consecuencias sociales y ambientales de las medidas que de sus réditos económicos, parecen dirigidas a la galería ideológica, pero no pueden evitar provocar un cierto desasosiego. Las consecuencias de un gobierno que ignora los costes económicos de las políticas se reflejan inevitablemente en la presión fiscal sobre el contribuyente o en la morosidad administrativa en el pago de sus facturas, pero quizá lo más decepcionante de un discurso plagado de generalidades, haya sido la ausencia de planteamiento de salida de la crisis. Todos aspiramos a conseguirlo, dijo, aunque de diferente manera, para terminar invitando a trabajar en la búsqueda de soluciones y a dejar de perseguir culpables, refiriéndose al empeño del Gobierno en responsabilizar a las autonomías de la situación. La frase deja entrever diferencias significativas con el Gobierno de Rajoy en materia del camino hacia la recuperación, pero también que la Junta no ha conseguido todavía definir una estrategia propia, aunque advirtiendo que se mantendrá firme en la defensa de un modelo territorial equitativo.