EN un informe del Consejo General del Poder Judicial de 2013 se indicaba que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de casos de corrupción (541 de un total 1661). Poco después Transparency International señalaba que España es el segundo país del mundo donde más ha crecido la percepción de corrupción, sólo por detrás de Siria. Por último, la Unión Europea acaba de ponerle precio al fenómeno. 120.000 millones de euros anuales en toda la Unión y 47.700 en España, que es una cifra cercana a la estimada en otro estudio realizado en la Universidad de Las Palmas y muy significativa porque equivale al déficit actual del conjunto del sector público.

Aunque sus consecuencias mucho más allá de lo estrictamente económico (fortaleza de las instituciones, ética y moral colectiva, justicia social,…) es evidente que los economistas tienen una clara responsabilidad en el estudio de la corrupción y en la elaboración de propuestas para luchar contra ella. La corrupción puede ser entendida como un fallo de mercado que provoca costes sociales, costes de imagen y reputación, asignación ineficiente de los recursos y externalidades negativas en forma de perjuicio sobre los intereses de terceras personas o empresas. Desde la perspectiva del análisis económico, la corrupción encaja perfectamente en el juego del mercado. Incentivos favorables al acuerdo entre corrupto y corruptor en forma de beneficios mutuos y e incentivos contrarios en forma de castigo, en caso de ser descubierto. La corrupción aparece cuando los primeros superan a los segundos, lo que significa, al menos en teoría, que si se intensifican las sanciones el nivel de corrupción debería reducirse.

La dificultad de encontrar información que permita la contrastación de estas hipótesis ha limitado la contribución de la economía al estudio de la corrupción, aunque esto comienza a cambiar desde que es posible realizar experimentos en laboratorio que permiten estudiar la reacción de los individuos frente a determinados estímulos. Ahora se dispone de base empírica para afirmar que cuando los incentivos existen, el contacto repetido entre un corruptor potencial y un mismo funcionario aumenta la probabilidad de corrupción y estabiliza su precio. ¡

Una conclusión evidente es que cuando no hay alternancia en el poder aparece el clientelismo político y el precio del soborno tiende a estabilizarse. También se puede inferir otras cosas. Por ejemplo, que no existen sociedades más proclives a los comportamientos corruptos, sino que los mismos individuos modifican su comportamiento en función de la forma en que se definan los incentivos.

La corrupción, por otro lado, ignora por completo las externalidades que genera, incluso en el caso de instituciones que supuestamente defienden el interés general o intereses sociales. Por último, el endurecimiento significativo de las sanciones reduce drásticamente el número de operaciones afectadas por casos de corrupción. El problema es que los incentivos a las prácticas corruptas tienden a concentrarse en las instituciones que tienen la posibilidad de definirlos y de impulsar los mecanismos de control y fiscalización.