EL anterior alcalde de El Coronil (Sevilla), José Antonio Núñez, ha sido inhabilitado para ser alcalde o concejal durante doce meses por un delito contra los derechos cívicos. En este caso, por incumplir su obligación legal de convocar plenos municipales ordinarios: tenían que haberse celebrado 24 en su mandato -uno cada dos meses- y sólo hubo cinco. También contestó nada más que al diez por ciento de las peticiones de información presentadas por los grupos de la oposición local.

Total, ¿para qué?, se diría Núñez. Ahora está también imputado porque en febrero, siendo ya concejal en la oposición, promovió una huelga en el servicio de recogida de basuras bastante peculiar: no la hacían los trabajadores de dicho servicio, sino otros vecinos que exigían al alcalde socialista una rotación en las contrataciones municipales. Una huelga que violenta a los obreros que debían secundarla y que no la secundan es más bien antidemocrática.

Otro imputado por lo mismo es Diego Cañamero, ex alcalde como Núñez, que ya ha anunciado que repetirá lo que ha hecho ante decenas de requerimientos judiciales anteriores: no acudir. Pasar de jueces. Dice que no quiere participar en este circo de la Justicia española. Otro desobediente es Juan M. Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y diputado andaluz, denunciado en marzo por el PSOE ante la Fiscalía porque llevaba -entonces- trece meses sin convocar el pleno de su ayuntamiento.

Los tres están encuadrados en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y la formación política CUT, integrada en Izquierda Unida. Forman parte sin problemas de una organización democrática, pero demócratas no son. Estas actitudes no son casuales, sino que responden a su pensamiento: no creen en esta democracia burguesa y capitalista, aunque disfrutan de sus libertades -formales, las llaman- y acceden a cargos públicos del sistema a través de los mecanismos establecidos. En cambio, sus deberes se los saltan, como acabo de contar. Infringen las leyes que les disgustan, ocupan propiedades ajenas y desobedecen a los jueces. Pacíficamente. En nombre del pueblo trabajador, de cuyos intereses se declaran únicos depositarios.

Lo curioso es que la mayoría de IU mantenga en su seno a este sector claramente antisistema. No es un ala radical o una fracción más a la izquierda, sino un grupo organizado que si pudiera acabaría con la democracia tal como la concebimos.