EL anuncio realizado el martes por el Royal Bank of Scotland de lanzar una emisión de acciones por valor de 15.000 millones de euros (la más elevada en la historia de la UE) y de vender su compañía de seguros por otros 5.000 ha encendido las alarmas en el sistema financiero británico. No se trata de una entidad cualquiera, sino de la segunda en el ranking por activos de las islas. Las pérdidas que ha declarado por préstamos impagados ascienden ya a 7.000 millones de euros.

La banca británica está tocada por la crisis. Muy activos en el mercado hipotecario de EEUU y en el propio mercado doméstico, las pérdidas generadas por las hipotecas de alto riesgo están empezando a pasar factura en las cuentas de resultados. El Banco de Inglaterra ha tenido que intervenir anunciando un plan de 60.000 millones de euros para ayudar a las entidades que se encuentren con problemas de liquidez. Esta intervención se va a materializar intercambiando activos que están respaldados por préstamos hipotecarios, por bonos del Gobierno que cuentan con plena liquidez. El plan tiene validez por un año, ampliable si la situación del mercado interbancario no vuelve a la normalidad.

Esta intervención del banco no parece que vaya a ser la última. De hecho, el reconocimiento de las pérdidas por parte del banco escocés va a provocar que el resto de la banca británica haga públicas las pérdidas en las que ha incurrido por las operaciones mencionadas. El mercado está estimando que el paquete de ayudas tendrá que ampliarse entre dos y tres veces para garantizar que la liquidez en el sistema bancario satisface la demanda de recursos.

En este caso, como en las intervenciones en otros mercados, se plantea, aparentemente, el dilema de ayudar a entidades privadas con dinero público. En realidad, lo que el Banco de Inglaterra lleva a cabo no es una ayuda directa, sino un préstamo con garantía de unos títulos cuyo valor de mercado es, en estos momentos, dudoso. Y el valor de los títulos va a depender de la evolución del sector real de la economía, en particular, del mercado inmobiliario. Si éste se hunde, entonces se pondría a prueba si se trata de ayuda directa o de un préstamo. Si la autoridad monetaria realiza en ese caso un descuento del valor nominal de los títulos hipotecarios, entonces estaríamos hablando de un préstamo y, en consecuencia, no costaría ni un euro a los contribuyentes. La clave estará en el factor de descuento que se aplique.

El Banco de Inglaterra está jugando el papel más genuino de toda autoridad monetaria: prestamista en última instancia, suministrando liquidez al sistema financiero y mejorando la confianza. Pero el riesgo de los préstamos seguirá siendo soportado por las entidades que las concedieron.

En todo caso, la intervención carece de relación con el sostenimiento del sector inmobiliario. Tanto el Reino Unido como España y otros países necesitan un ajuste a la baja del sector, que haga compatibles los precios de las viviendas con el nivel de renta y de tipos de interés reales. Lo que está haciendo la autoridad es suavizar el pinchazo de la burbuja, no crear otra.