EL discurso de investidura como presidenta de la Junta de Andalucía de Susana Díaz, que ayer tomó posesión de su cargo tras haber sido elegida por los diputados del PSOE e IU, fue concreto en sus compromisos contra la corrupción política y la transparencia de la Administración autonómica y vaporoso con respecto a la política económica. Es un problema, porque si la lucha contra la corrupción es el requisito previo imprescindible para visualizar que el relevo producido en la dirección de la comunidad autónoma no es puramente nominal sino que tiene un contenido real y supone el cambio anunciado, la prioridad de las prioridades no puede ser otra que la economía. La formación inminente del nuevo Gobierno dará una pista sobre la voluntad de regeneración manifestada por Díaz, que habrá de configurar un equipo sin vinculación con el escándalo de los ERE. Más tiempo hay que concederle, aunque no demasiado, para comprobar la puesta en marcha de las medidas y pactos propuestos en el debate de investidura para frenar la corrupción y mejorar las relaciones de los gobernantes con la sociedad civil andaluza. Pero, insistimos, lo que realmente urge es la elaboración y puesta en marcha de una estrategia que saque a la comunidad autónoma del pozo de crisis y recesión en que se encuentra sumida, poniendo el énfasis en la creación de empleo, el gran objetivo de cualquiera que gobierne Andalucía. Las recetas aplicadas hasta ahora se han demostrado o erróneas o insuficientes. No basta con encerrarse en la idea de preservar las conquistas sociales como eje de actuación -lo cual es imposible, además, si no se recupera el crecimiento económico-, sino que se exige crear un marco legal y social que facilite e incentive la actividad empresarial. Además del saludable anuncio de que no habrá subida de impuestos, el Gobierno de Susana Díaz tiene mucho más que ofrecer, idear y practicar para afrontar la crisis.