LA controversia sobre el uso del agua no surge del Estado de las Autonomías. Es una cuestión tan antigua, al menos, como las referencias históricas escritas, que nos muestran un conflicto permanente en España en torno a este recurso. Nuestro país es fuertemente dependiente del almacenamiento de agua en pantanos, pues de los 106.000 hectómetros cúbicos que se recogen al año, sólo se puede utilizar menos del 10%, ya que el caudal de los ríos sufre grandes cambios a lo largo del año: son torrenciales y el agua se pierde en el mar; en Francia, sin embargo, casi el 40% del caudal de los ríos es utilizable de manera directa, sin necesidad de embalses.

Si tomamos la capacidad total de los embalses, 50.000 hectómetros cúbicos al año, da una media de 2.800 metros cúbicos por persona y año, lo que es suficiente para el abastecimiento, pero dentro de España el agua se distribuye de forma muy desigual y aparecen periódicamente problemas de sequía en zonas concretas, que no siempre son las mismas.

Cinco cuestiones pueden plantearse en relación al debate socioeconómico y político en torno al agua. La primera es el uso alternativo de la misma; más de las tres cuartas partes del agua va a regadío, un 14% a consumo humano y sólo un 6% a la industria. Sin embargo, no es fácil argumentar que se quita agua a la agricultura para dedicarla a otros usos que supuestamente son más rentables, como el turismo, ya que determinados usos agrícolas tienen un valor ecológico fundamental, a preservar. De la misma manera, podría defenderse el uso del agua para conservar paisajes y jardines, que son valiosos en sí, siempre que no se despilfarre.

La segunda cuestión es el sistema de ahorro; si la disposición a pagar un precio puede ser un factor o criterio para asignar agua a usos alternativos, también es disuasorio de un mal uso. Las pérdidas por evaporación, conducciones, sistemas de riego, etc, nos escandalizan, y sabemos que son evitables al menos en un 15% del agua almacenada; de hecho, las restricciones de agua no se ponen para que se consuma menos, sino para reducir el tiempo de los escapes.

Dos puntos adicionales de gran polémica son los trasvases y la desalinización. Las cifras y valoraciones de costes y beneficios de ambos son confusas; habría que plantear la realidad actual del coste del trasvase (si es viable y cuánto cuesta hoy), en comparación con los avances en la tecnología de la desalinización. Desde la perspectiva de este análisis, quizás los grandes trasvases no sean hoy económicamente factibles.

Un último punto es el que llamaremos la cultura del agua. En Andalucía, desde hace cuatro años, se celebra por estas fechas la Fiesta del Agua, cada vez en una población diferente; este año es la villa de Coín la que acoge esta iniciativa que se define a sí misma como "una red de vínculos de carácter regional que defiende y propaga la nueva cultura del agua". Para mí, el hecho de que haya debate y se hable de costes y de ahorro, que se reflexione sobre el agua, es muy positivo, porque nos enriquece y nos hace más cultos y conscientes del valor del agua y de los ecosistemas que dependen de ella.