La esquina

josé / aguilar

La culpa de los diputados

LA Fiscalía Anticorrupción recurrirá el auto de la juez Mercedes Alaya que pide que la Junta le remita todos los diarios de sesiones de la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz entre 2001 y 2010 y y los del Pleno de la misma Cámara en los que se aprobaron todos los presupuestos de la comunidad autónoma en el mismo periodo. ¡Será por pedir!

Con este auto la juez que instruye el escándalo de los ERE fraudulentos asume parcialmente un escrito del defensor de varios de los imputados en el caso, que responde al siguiente planteamiento: los diputados jamás advirtieron que se estuvieran cometiendo irregularidades en la concesión de las ayudas sociolaborales. Por tanto, o no hubo ilegalidad alguna o, si la hubo, los parlamentarios también fueron responsables o cómplices de ella. Una estrategia-tipo de defensa jurídica: disparar hacia arriba.

Tengo una buena opinión en general del trabajo de la juez Alaya en la instrucción de un caso tan peliagudo, pero algunas de sus decisiones me parecen pintorescas. Ésta es una de ellas. Aparte de que los diarios de sesiones son públicos, están colgados en la web del Parlamento y no hay necesidad de solicitarlos, lo que en ellos aparece será, en todo caso, que los diputados -todos o la mayoría- debatieron y aprobaron autorizaciones de gastos, transferencias de financiación o modificaciones presupuestarias para subvencionar a trabajadores de empresas en crisis, no el procedimiento que siguió después el Gobierno andaluz para ejecutarlo o el modo en que el director general de Empleo y otros altos cargos imputados repartieron las ayudas. Ahí es donde pudo estar el delito, nunca en la decisión política de los parlamentarios de todos los partidos presentes en la comisión y en el plenario (calculo que centenares).

La Fiscalía no debe andar lejos de este pensamiento porque en su recurso ante la Audiencia Provincial alega, entre otras cosas, que la Intervención General del Estado -a cuyos peritos ha ordenado Alaya que informen de esta actuación parlamentaria- no tiene competencias ni funciones sobre las cámaras legislativas estatal y autonómicas y que los diputados gozan, incluso después de cesar en sus cargos, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y los votos emitidos en el ejercicio de su labor.

Es un disparate investigar si cientos de parlamentarios apoyaron las tropelías de quienes se repartieron los fondos de los ERE.

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