UN día descubrimos que la información sobre la salud financiera de los bancos era insuficiente y falsa. Los bancos falsean sus balances y sobrevaloran algunas de sus partidas para disimular el inquietante deterioro en algunos de sus equilibrios financieros esenciales. Lo hacen con el consentimiento explícito de la autoridad responsable de garantizar su solvencia, por aquello de evitar el riesgo de que la utilización errónea o perversa de la información sensible pudiera provocar daños irreparables. Es la justificación de la mentira en Sófocles, "cuando la verdad conduce a la ruina, hablar sin honorabilidad es perdonable", y también de los secretos de estado y de la custodia de la información pública. También puede ser la salvaguardia de la impunidad, la irresponsabilidad, la incompetencia o la corrupción, como pudimos comprobar con la caída de las primeras entidades, CCM y Cajasur, y con las que finalmente se vieron obligadas a publicar sus cuentas con motivo de las fusiones frías, hasta el último caso de la CAM.

Tampoco las iglesias, órdenes religiosas, sindicatos, partidos políticos, clubes deportivos, ONG, organizaciones profesionales, etc., se caracterizan por la transparencia de sus cuentas. A diferencia de los individuos, que obviamente no tienen que justificar su existencia, estas instituciones creadas por el hombre sí que deben hacerlo, sobre todo si reciben fondos públicos para financiar sus actividades. Se llama responsabilidad social corporativa y los ciudadanos también deben tener derecho a la información sobre la fiscalización de sus actividades y de su utilidad. Todavía peor es que estemos desinformados sobre el estado financiero de las propias administraciones públicas. Ocurre con cada cambio de gobierno en ayuntamientos o comunidades autónomas, pero ahora acabamos de saber que el Gobierno entrante también desconfía del estado de las cuentas que le presenta el saliente y utiliza la desinformación como justificante de la falta de concreción en el planteamiento de los objetivos económicos y financieros para el próximo año. Así no hay manera de elaborar un cuadro de expectativas a medio plazo medianamente sólido, sobre todo cuando Funcas pronostica un déficit fiscal para este año cercano al 8%, cuando el objetivo era del 6%, y un esfuerzo de ajuste más doloroso de lo previsto durante para el que viene.

El Gobierno saliente no ha sido capaz de cumplir con el compromiso electoral de Zapatero en 2004 de sacar adelante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y España aún es uno de los pocos países europeos sin regulación en esta materia. De todas formas, el borrador en el que se trabajaba el pasado verano planteaba tantas excepciones que incumplía manifiestamente el requisito de permitir el acceso a todos los documentos en posesión de las autoridades públicas, establecido en el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos. Hay que reconocer que la verdad puede resultar insoportable cuando se sirve fría y que un adecuado tratamiento en la cocina de los gabinetes de prensa puede facilitar considerablemente su digestión.