EL patético deambular por diversos puntos del extrarradio de los cerca de trescientos chabolistas expulsados de las Tres Mil Viviendas por un clan rival constituye un problema humanitario al que las administraciones competentes no se están enfrentando con la contundencia y la urgencia que la situación requiere. El problema está planteado en términos realmente duros y difíciles de abordar: el colectivo que ayer todavía se asentaba en los terrenos de la carretera de El Copero amenaza con crear una situación insostenible si finalmente opta por volver al Polígono Sur. Sin duda sería así dada la situación de extrema tensión que se vive entre los dos clanes enfrentados desde la muerte presuntamente accidental de un joven durante un tiroteo. Tan malo sería permitirles la vuelta a las Tres Mil como tenerlos en la situación en la que se encuentran en la actualidad. En 2004 el Ayuntamiento resolvió el levantamiento de un asentamiento ilegal en Los Bermejales dando a cada familia la cantidad de 42.000 euros para que pudiera hacerse con viviendas en el Polígono Sur, una solución que se demostró la peor de todas las posibles y que dio lugar a un mayúsculo escándalo. Fue una actuación irresponsable y descabellada, que debe servir como lección a la hora de afrontar problemas como el que se ha vuelto a plantear. Ahora la Consejería de Igualdad de la Junta tiene el compromiso del Ayuntamiento de no intervenir en el tema. Lo peor que se puede hacer en este caso es actuar con la pasividad que se está haciendo. Pero lo realmente grave de esta situación es que refleja el fracaso de las políticas para acabar con el chabolismo y la marginalidad. Entre las trescientas personas que deambulan por el extrarradio de Sevilla hay un elevado número de niños y ancianos expuestos a las penalidades e insalubridad que agrava el duro verano de Sevilla. La adopción de soluciones no admite ya mucha demora y en ella hay que implicar a los representantes de las familias gitanas afectadas por el problema. No se puede ceder ante chantajes más o menos explícitos, pero tampoco se puede abandonar a su suerte a un colectivo de familias que tiene derecho a que se solucione su situación.