LOS problemas se afrontan en situaciones difíciles. Cuando la economía va bien, se esconden debajo de la alfombra. El extraordinario crecimiento de los últimos 15 años nos ha permitido elevar notablemente nuestro nivel de vida, tanto como para superar a algunos países europeos en renta por habitante, lo que parecía un sueño hace dos décadas.

Pero, justamente, esa época de abundancia nos ha impedido realizar las reformas necesarias para poder soportar una crisis económica en mejor estado de forma. Del cambio de modelo productivo se lleva hablando años, pero sólo se ha afrontado parcialmente. También de la financiación de los ayuntamientos, del mercado de trabajo, de la reforma de la educación, de las actividades de I+D, etc. Otro de los problemas subyacentes era, y es, el de la reforma del sistema público de pensiones.

También hace 15 años que gobierno y agentes sociales acordaron una reforma del sistema de pensiones (el denominado Pacto de Toledo) por la que se introdujeron modificaciones para racionalizar y hacer más viable financieramente el sistema español de pensiones públicas.

El panorama ha cambiado sustancialmente desde entonces y ha puesto también de manifiesto algunas debilidades de las previsiones realizadas. Veamos algunas de ellas.

La edad media de los inmigrantes es menor que la española y su tasa de natalidad mayor. Éstos son dos aspectos positivos para el sistema de pensiones públicas. Inicialmente, y hasta hace un año, el número de inmigrantes ha ido aumentando e incorporándose al mercado de trabajo. Las previsiones para este año eran que casi 600.000 extranjeros lo hicieran. Sin embargo, a finales de este año, en tasa anual, posiblemente no superen los 150.000. Esto equivale a retrasar unos 15 años las previsiones y la tasa de dependencia (la relación entre trabajadores activos y pensionistas) en unos 10 años, a lo que también contribuye, agravando notablemente el problema, la elevada tasa de paro que padecemos.

Las proyecciones económicas subyacentes a la reforma eran también optimistas. Influidos por las extraordinarias expectativas del momento se realizaron cálculos que no se han cumplido. Crecimiento de la productividad por hora trabajada del 2% anual; de la Productividad Total de los Factores (que mide la eficiencia en el uso de los recursos) del 1,5%; tasa de empleo del 71% y tasa de paro del 6%. La economía española no ha conseguido, ni en sus mejores años, alcanzar esas cifras.

Con las proyecciones señaladas, el gasto en pensiones con relación al PIB crecería muy poco en los próximos 10 años (del 9% al 10% del PIB). Sin embargo, en la situación actual aumentaría dos puntos hasta el 12%. Dos puntos pueden parecer poco, pero alguna comparación nos permite entender su envergadura. Equivale, aproximadamente, a la mitad de la inversión pública en infraestructuras. Significaría, en una comunidad como la andaluza, retrasar considerablemente las nuevas líneas de metro en Sevilla, el tranvía granadino y el metro de Málaga, por no mencionar las previstas ampliaciones del AVE, tanto autonómicas como nacionales.

En fin, este panorama de gasto será también más duro si se tiene en cuenta que la mayor tasa de paro, el mayor envejecimiento de la población y la más elevada tasa de dependencia, disparan el gasto social a costa, forzosamente, de las partidas destinadas a la inversión.

Enfrentar el problema de la sostenibilidad de las pensiones requiere no sólo una favorable situación económica, sino también reformar el propio sistema porque incluso en escenarios optimistas el gasto continuaría aumentando.

Por el lado de los ingresos, incrementar las cotizaciones depararía efectos muy positivos sobre los recursos públicos. Pero los efectos negativos sobre el empleo compensarían con creces a aquéllos. Aumentar las dotaciones directas del Estado con el panorama que tenemos, resulta impensable.

Por el lado de los gastos se han dirigido todas las reformas de los sistemas de los países occidentales. Suecia, que tenemos de modelo para tantas cosas en el sur de Europa, amplió el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral de los trabajadores. Finlandia y nuestra vecina Portugal, entre otros, también lo han hecho. En España ese periodo se limita a 15 años, cuando el salario es más elevado. De hecho, para un trabajador medio español, la pensión media equivale al 81% de su salario. 51%, 39% y 34% son las cifras para Francia, Alemania y Reino Unido. Es cierto que el salario medio español es inferior al de esos países, pero refleja también nuestro nivel medio de productividad.

El retraso en la edad de jubilación es otra de las modificaciones realizadas en los países de la OCDE. Liderado por Alemania, que retrasó la edad de 65 a 67 años, numerosos países -incluida Italia, tan poco proclive a este tipo de reformas- la han seguido. Por cada año que se retrase la edad de jubilación, la situación financiera de la Seguridad Social permanece estable durante 3 años.

La incapacidad del Estado para hacer frente a los compromisos financieros de una población en declive y envejecida, a lo largo de su ciclo vital, se pone de manifiesto en la generalización de los sistemas privados que complementan al público, que tendrán que mejorarse.

No tenemos que alarmarnos. El sistema público español de pensiones no va a suspender pagos mañana. Quedan algunos años. Pero las reformas y su implementación serán paulatinas y, por tanto, también lejanas. Si no empezamos hoy, el futuro se nos vendrá encima. Y los mercados financieros ya lo están anticipando.