RESULTA difícil escribir sobre las prestaciones por desempleo, pues surgen inevitablemente todos los lugares comunes del tema. Uno de ellos, que este tipo de subsidios es temporal y que la solución del problema está en evitar un desempleo tan elevado; otro, el carácter del pago que se realiza y la precaria situación del que lo recibe, lo que nos enfrenta a un dilema, pues no puede dejar de pagarse ya que la gente necesita vivir de algo, y no podemos evitar pensar que hay en este sistema algo de fracaso colectivo.

La medida de ampliar el subsidio de desempleo en 421 euros mensuales, durante seis meses, a aquellos a los que se les hubiera agotado la prestación desde el 1 de agosto, ha vuelto a poner de relieve estas contradicciones. Preocupa el sentido de urgencia de la medida porque no sabemos el alcance que puede llegar a tener el paro y, por otra parte, es difícil moralmente oponerse a ello.

La cantidad que se dedica, en junio de 2009, a prestaciones por desempleo, que incluye las contributivas, esto es que tienen una correspondencia con lo que se ha cotizado, los subsidios, la renta de inserción laboral y el subsidio agrario, es de 2.550 millones de euros. Esta cantidad no es tan grande, y la economía española puede asumirla; el problema es que crece un 63% respecto a 2008, año en que ya creció un 34%, y los beneficiarios han pasado en estos dos años de menos de un millón cuatrocientos mil, a dos millones seiscientos. Andalucía supone el 25% de los beneficiarios del sistema y el 20% del gasto. Un dato muy relevante es que sólo el 18% de los beneficiarios de prestaciones contributivas son de Andalucía, frente a un 27% de los que reciben subsidios, lo que indica que los parados son de larga duración y han pasado ya la fase en que cobran por lo que han contribuido. Además, casi el 40% de los subsidios que perciben por inserción laboral y la práctica totalidad de los eventuales agrarios son de nuestra comunidad.

Tres cuestiones, al menos, habría que considerar. La primera, que el pago por desempleo está pensado para hacer frente a un problema temporal, no permanente o de una dimensión excesiva. Las prestaciones deben vincularse a formación práctica y, en lo posible, a trabajos públicos, evitando cualquier forma de abuso. Segundo, hay que dotar a los trabajadores de un fondo personal para despidos, fiscalmente deducible, complementado con otro público que cubra y gestione riesgos sistémicos de desempleo, considerando el aseguramiento y la traslación al mercado de parte de esos riesgos. Tercero, evitar que el paro de larga duración tenga consecuencias de exclusión, sobre todo en el entorno familiar, y disminuya las oportunidades sociales de los hijos. Nada mejor para iluminar estas cuestiones que el pensamiento de Isaiah Berlin, para quien los valores y discusiones políticas y sociales han de concretarse en "una decencia básica, una moral mínima". Desde esta posición realista y humilde han de crearse las condiciones para una vida digna; porque nos enfrentamos no sólo a una escasez de recursos económicos, sino a una escasez moral que impide conciliar posiciones y opiniones políticas para sacar la economía adelante.