El decreto Cortés, al Constitucional

COMO ha hecho con reiteración ante las subastas de medicamentos genéricos, el Gobierno de la nación ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la Junta de Andalucía sobre la función social de la vivienda. Se trata de la legislación impulsada por la Consejería de Fomento, en manos de IU, que contempla la expropiación temporal de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social y la imposición de sanciones a bancos e inmobiliarias que no vendan o alquilen los pisos de los que son propietarios. La que ha marcado el acento social del Gobierno bipartito de la Junta y ha sido presentada como un modelo exportable a otras comunidades autónomas. Según explicó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, tres son los argumentos del Ejecutivo para sustentar su recurso ante el Tribunal Constitucional: el texto afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es materia reservada al Parlamento nacional, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio constitucional de culpabilidad y es contrario al principio de igualdad (generaría, en su visión, desigualdad entre los ciudadanos andaluces y los del resto de España). Para consolidar su postura contraria al decreto, el Gobierno ha solicitado un informe de urgencia al Consejo de Estado, que probablemente avale parte de este argumentario. De todos modos, la simple presentación del recurso por parte del Gobierno lleva aparejada la suspensión del decreto durante un periodo de cinco meses, lo que supone la paralización de esta actividad de la Junta, que hasta ahora solamente se ha podido aplicar a seis casos en toda Andalucía. Es llamativo, sin embargo, que el PP andaluz optara por abstenerse en la votación parlamentaria para convalidar el decreto y aguardase el trámite de su conversión en ley para formular enmiendas parciales al mismo mientras que el Gobierno central haya decidido recurrirlo reanudando la confrontación con el Gobierno andaluz. También se ha servido de la demanda de información planteada por la Comisión Europea, que ha alertado de que el decreto podría afectar negativamente al mercado inmobiliario y a la estabilidad del sector financiero, un aspecto contemplado en las condiciones del rescate bancario al que se acogió España. En definitiva, un parón temporal a la medida social por excelencia que ha promovido Izquierda Unida y aceptado el PSOE. Ya se verá si el frenazo adquiere la condición de definitivo una vez se pronuncie el Constitucional, que acaba de renovarse con una mayoría más conservadora. En ese caso sería un duro revés político a la Junta.

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