EL Gobierno se dispone a modificar 26 leyes y disposiciones de una tacada y por decreto. Lo hará hoy en el Congreso y con los solos votos del Partido Popular. Son suficientes porque cuenta con la mayoría absoluta y, por tanto, su soledad se acompaña a sí misma, y con esa autocompañía le basta para sacar adelante el paquete.

Los grupos parlamentarios de la oposición denuncian la iniciativa como una cacicada y un secuestro de la democracia. Quizás son palabras mayores, excesivas y descalificatorias, puesto que el Gobierno se muestra dispuesto a tramitar el decreto, una vez convalidado, como proyecto de ley, con su debate y sus enmiendas como cualquier otro. Pero encierran una verdad: se trata de un abuso que carece de razones para no ser evitado.

En sentido estricto se abusa de la figura del decreto, pensado para casos de urgente necesidad y que los gobiernos utilizan cada vez que les conviene en la confianza prepotente de que son ellos mismos los que declaran la necesidad y la urgencia de las medidas que quieren impulsar. Fue el procedimiento usado por Zapatero en mayo de 2010, cuando se cayó del caballo y dictó los tremendos recortes que salvaron a España del rescate y le condenaron a él al ocaso.

Ahora no estamos tan mal. No es tan urgente, aunque sí convenga, reducir el IRPF de los autónomos, incentivar el empleo juvenil o rebajar las comisiones por el uso de las tarjetas de crédito. Nada que no pueda esperar a septiembre. Nada, sobre todo, que no deba ser debatido con sosiego por los representantes del pueblo en vez de imponerse como un trágala sólo porque el PP goza de mayoría absoluta.

Lo que se produce con esta fórmula del decreto se parece bastante a un vaciamiento de las competencias y el valor político del Congreso, ya que al presentarse el contenido como un bloque heterogéneo -veintiséis modificaciones legales, ya digo- no existe la posibilidad de presentar enmiendas, se concede un tiempo mínimo para posicionarse a cada grupo parlamentario y sólo se puede votar el conjunto, sin que quepa a los diputados la posibilidad de respaldar unos cambios y rechazar otros. O lo toman o lo dejan.

Rajoy ya echó bastante mano del decreto en los primeros seis meses de su mandato, pero entonces estaba justificado: los ajustes no podían demorarse si se quería torcer la pesada herencia de Zapatero. Ahora no. Ahora se ve que ha cogido carrerilla.