Opinión

José Antonio Viera Chacón

En defensa del PER

A principios de 1984, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó varias medidas históricas en medio de una crisis económica y de la convulsión social de un país con una democracia recién estrenada: la reconversión industrial y el estatuto del minero; la libre elección de médico dentro de la seguridad social; y el fin del empleo comunitario en el campo, algo demandado por los trabajadores de Andalucía y Extremadura principalmente. El decreto del gobierno que desarrolló esta última medida, elaborado por el equipo del entonces ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, contemplaba varias acciones: la implantación de un subsidio de desempleo para los trabajadores eventuales, el Plan de Empleo Rural y planes de formación profesional. Han pasado 26 años y las medidas han visto varios decretos y modificaciones más pero nadie puede cuestionar la utilidad social de las mismas en el desarrollo de nuestros pueblos. Hagamos un rápido repaso para explicarlas.

¿Qué es el subsidio agrario? Pues es un derecho que adquieren los trabajadores agrarios eventuales mediante la cotización a la Seguridad Social, lo mismo que cualquier otro empleado. La prestación media recibida por los jornaleros es de 420 euros al mes (el 80% del salario mínimo) durante seis meses. El número mínimo de jornales (peonadas) necesarias para percibir el subsidio es de 35. Pero este año, se ha reducido a 20 de manera excepcional por la pérdida de empleos por el temporal. Además, genera un coste mínimo pero beneficia a miles de personas: el coste en marzo de 2010 ha sido de algo más de 52 millones de euros, lo que apenas supone el 1,83% del gasto total en prestaciones por desempleo (2.845 millones de euros). El número de beneficiarios del subsidio agrario en Andalucía, en el mes de abril ha sido de 128.100 sobre los 510.000 afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que hay en nuestra Comunidad.

¿Qué es el PER? El antiguo Plan de Empleo Rural (ahora se denomina Profea, Programa de Fomento de Empleo Agrario) es un programa de inversiones para crear puestos de trabajo en el mundo rural. En 2010 los fondos ascienden a 143 millones de euros (un 1,03% más que el pasado año). Esta cantidad resulta insignificante si la comparamos con el número de puestos de trabajo que genera y que permiten a miles de familias mantener unos ingresos mínimos.

A mi juicio, nadie puede negar que en estos 26 años las citadas medidas hayan contribuido a mejorar las condiciones de vida en el medio rural, a abrir esperanzas de encontrar un empleo para los desempleados, sobre todo los jóvenes y los mayores de 45 años y a evitar un éxodo de población del medio rural a las ciudades. La derecha sabe que no puede escribir otra realidad histórica pero en las últimas semanas hemos visto cómo se esfuerza en confundir mediante la creación de mitos y tópicos y jugar a los malentendidos entre PER y subsidio para trasladar la visión falsa de una Andalucía subdesarrollada que vive de subvenciones y ayudas o una Andalucía subsidiada, dependiente y del voto cautivo.

Es la reacción impulsiva y desesperada de una derecha insolidaria a la que le escuece que la mayoría de las poblaciones rurales se identifiquen con las ideas y el proyecto socialista desde hace 30 años: porque el PSOE sí ha defendido y defiende de verdad a Andalucía. Las ven como un territorio vedado y hostil a sus intereses electorales y realmente con este tipo de ataques no van a contribuir precisamente a entrar con una bandera blanca en los pueblos y comarcas que conforman el rico e imprescindible mundo rural andaluz para explicar su programa político. Aún así, ellos insisten en esta estrategia porque creen que a la larga les dará frutos y por eso vemos de forma periódica este tipo de declaraciones de menosprecio a los trabajadores y trabajadoras andaluces a cuenta del PER: lo han hecho Mayor Oreja y Esperanza Aguirre, del PP apoyados por la derecha catalana (Durán i Lleida) e incluso algunos empresarios como Luis de Rivero (Presidente de Sacyr).

El PER no es ningún sistema de beneficencia, como quieren hacer creer, determinados sectores, al resto de la población, mediante críticas demagógicas que desacreditan a los andaluces y andaluzas. Y con respecto al subsidio agrario, hay que destacar que desde el inicio de la crisis ha descendido un 9,3% el número de beneficiarios en el campo, frente al crecimiento del 28,7% de los perceptores de otras prestaciones de desempleo, la mayoría de ellos en comunidades como Cataluña y Madrid. Esta claro que no interesa contar toda la verdad, ni destacar que el PER, junto con el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, han desempeñado un papel fundamental en la consecución de la sostenibilidad social y territorial de Andalucía. Han servido para mantener los equilibrios poblacionales y territoriales, para hacer una transición al empleo, para la formación empresarial y para el aprovechamiento de la riqueza de esta tierra. A quienes promueven estos ataques, no les interesa reconocer, ni se molestan por conocer, la realidad del medio rural andaluz.

Tras aprobarse el decreto sobre el PER, Felipe González intervino en un acto de conmemoración del primer aniversario del Gobierno Socialista en Madrid. Fue en diciembre de 1983. Felipe citó a Octavio Paz y dijo que "hay que descubrir a los demagogos y despojarlos de la posibilidad de engañar a segmentos de nuestra sociedad".

Y eso haremos. Frente a los insultos de la derecha y algunos dirigentes catalanistas que ponen en tela de juicio la vigencia del PER y el subsidio agrario (en vez de esforzarse más en buscar soluciones contra la crisis y no en enfangar de manera irresponsable la vida política en Andalucía), los socialistas siempre mostraremos un rechazo contundente a quiénes intenten fomentar falsos tópicos sobre esta tierra y muy especialmente sobre sus ciudadanos y ciudadanas.

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