Editorial

La defensa de la legalidad

LA respuesta institucional al problema de la ocupación ilegal de viviendas, reflejado en la llamada Corrala Utopía, provocó ayer una división entre los dos partidos que gobiernan desde hace dos años la Junta de Andalucía. Tras el desalojo policial de los okupas que habían irrumpido hace casi dos años en un bloque de viviendas en Sevilla propiedad de una entidad financiera, Izquierda Unida, que ha estado controlando soterradamente al grupo de familias necesitadas que las ocupaban, se comprometió a facilitarles otros pisos, haciéndose cargo del alquiler a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de la izquierdista Elena Cortés. Eso ocurrió después de fracasar en el intento de que el Ayuntamiento hispalense proporcionara viviendas a los desalojados, que habían acampado a las puertas mismas del consistorio, propósito rechazado por el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), con el argumento de que actualmente hay en el registro municipal más de doce mil familias en espera de acceder a viviendas de propiedad pública y que sería ilegal saltarse el orden establecido según criterios sociales previamente fijados para colar a los procedentes del movimiento okupa, concretamente de las veintitantas familias de la Corrala Utopía. La posición de IU fue ayer expresamente replicada por la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, que ordenó paralizar la medida de Fomento y Vivienda y encomendó a la Consejería de Asuntos Sociales, dirigida por el PSOE, la adopción de medidas de ayuda a las familias desalojadas en función de su situación social excepcionalmente desfavorecida, pero sin prometer viviendas públicas fuera de los cauces legales estipulados. Pero la consejera de Fomento desoyó de modo grave a Susana Díaz en una decisión que pone a la coalición en su momento más grave. La presidenta vino a respaldar la defensa de la legalidad expuesta por el alcalde de Sevilla y a desautorizar expresamente a sus compañeros de Gobierno de la coalición IU. Hacer lo contrario habría supuesto compartir las posiciones de Izquierda Unida y asumir por parte del Gobierno andaluz en su conjunto el mensaje de fondo implícito en esta postura: que la patada en la puerta es un procedimiento aceptable para resolver el problema de quienes han perdido su vivienda o no han podido acceder a ninguna. La actuación de Susana Díaz es la correcta, anoche retiró la competencia de adjudicar viviendas a Fomento y ha abierto una investigación sobre la posible ilegalidad del reparto de llaves. Ninguna autoridad puede prestarse a vulnerar las leyes que obligan a todos, y a los responsables públicos en primer lugar. La medida de la presidenta, pero sobre todo la actitud de IU, que es la que la provoca, pone en riesgo el actual Gobierno andaluz de coalición.

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