La tribuna

Arturo Moya

El denostado sector del ladrillo

NADIE habla del sector de la construcción e inmobiliario, llamado coloquialmente del ladrillo. Al parecer pertenece al genero de lo políticamente incorrecto, dada la imagen de patito feo que se le ha asignado. Para no hablar del tema, se dan vueltas y revueltas sin parar, la última gran idea es el pacto de Estado, que nos va a entretener durante los próximos meses. Un pacto en sí no es nada, todo depende de sus contenidos y, por lo que se ve y uno se imagina, nadie va a dar su brazo a torcer. No obstante, como el ladrillo sigue ahí pendiente, deberíamos dedicarle algunas reflexiones, pues más de la tercera parte del paro viene del sector. El tema tiene su enjundia y merece ser clarificado, dada su importancia económica en España y de manera fundamental para la economía andaluza, de la cual viene a representar directa e indirectamente más de un tercio del PIB, y casi un cincuenta por ciento del lamentable paro que sufrimos.

En una reciente entrevista, el presidente del Gobierno ha manifestado su nulo interés en ir al rescate del sector inmobiliario y, sin embargo, acude presto en socorro de los sectores financiero y automovilístico. Es paradójico que a un sector como el de la construcción y el urbanismo, que tanta influencia tiene en el empleo, se le deje caer al vacío, como si nuestra economía de bienes y servicios pudiera prescindir de él sin más. Empresas constructoras, inmobiliarias, publicitarias, cementeras, hierro, ladrillo, agencias de ventas, proveedores (electrodomésticos, sanitarios, electricidad, fontaneros, mobiliario de cocina, oficinas técnicas...) y un sinfín mas de oficios vinculados, hacen del ladrillo un sector básico de nuestra economía de tal naturaleza que, mientras éste no se reanime, será muy difícil que disminuya el paro.

Si los gobiernos quieren de verdad sacar a la gente del paro, no hay en la actualidad otro camino que potenciar y prestigiar el sector de la construcción e inmobiliario. Reducir un 1,9% sobre el PIB las inversiones en obra civil, como ha previsto el Gobierno de la nación, no es la mejor manera. Hacer cuentos de la lechera con economías productivas apenas existentes en España, sólo conduce a la melancolía, y de ésta nadie come.

Resulta procedente analizar lo que pasó en los últimos diez años para que se produjera la nunca aclarada "burbuja inmobiliaria": un crédito fácil y vorazmente estimulado por la banca; una demanda efectiva creciente de los ciudadanos que aspiran legítimamente a la propiedad de su vivienda; unos ayuntamientos en los que los partidos políticos descubren el método de financiar obras y servicios (la corrupción es otra cosa); y unas leyes y normas urbanísticas que modifican y retrasan la creación de suelo urbanizable, fomentando el incremento especulativo de su valor, hicieron el caldo de cultivo para que especuladores de todo origen se transformaran en aprendices de empresarios que sin oficio y mucho beneficio inundaron el sector. Todo se unió para hacer que miles de ciudadanos asumieran el riesgo de destinar imprudentemente su ahorro presente y futuro a un sector cuyo desarrollo nadie quería ver limitado, y que además producía extraordinarias rentas a la Hacienda publica y autonómica. Y como música de fondo, la lamentable corrupción de algunos políticos que partidariamente orquestada por el "¡anda que tú!" inundó de inmundicia a todo el sector.

No debemos engañarnos, la tan discutida reforma del mercado de trabajo no arreglará el problema del paro, tampoco la reforma de las pensiones, ni la consolidación fiscal anunciada por el Gobierno. Las tres son medidas que debían haberse tomado hace ya dos años, y bienvenidas sean, si es que llegan, pero su influencia directa para sacar a los millones de personas que inundan las oficinas del Inem es relativa. Es más eficaz y consecuente con la dura realidad reformar inteligentemente la actual Ley del suelo, la LOUA, y poner en valor lo más rápidamente posible los planes de Ordenación Urbana pendientes. Y también no incrementar la presión fiscal para la compra de viviendas, tal y como parece va a ocurrir en el próximo mes de julio, ni eliminar la deducción fiscal actual por la compra de las mismas, como está previsto. Además es una necesidad prioritaria y ética que el Gobierno y el Parlamento hagan ver y exigir a la banca y cajas de ahorro la función social del crédito hipotecario para la compra de vivienda, legislando al respecto lo más conveniente para animar la economía.

Nuestros gobernantes y oposición deben superar sus complejos en estos asuntos, para atender a las necesidades reales de los que más lo necesitan, que son los parados. En el aquí y ahora de Andalucía no hay otro camino para absorber el paro, lo de las nuevas tecnologías que tanto llenan el discurso político requiere una seria formación y varias generaciones por delante, y mientras esto llegue a producirse el hambre no puede esperar.

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