La tribuna

pablo Rabanal

Contra los derechos de los pasajeros

LA ley siempre ha sido considerada una fuente del derecho occidental, establecida por la autoridad competente, en la que se manda o prohíbe algo en consonancia con la Justicia, y sobre todo, para el bien de los gobernados. Pero no siempre es así. La norma que protege los derechos de los pasajeros de las aerolíneas es un claro ejemplo de que la defensa de los ciudadanos no prevalece siempre y es que, en ocasiones, hay más intereses que el bien de las personas afectadas.

El pasado 13 de marzo, la Comisión Europea dejó constancia de su intención de endurecer los criterios de los casos susceptibles de reclamación. Bruselas ha propuesto un paquete de medidas destinadas a modificar el actual Reglamento (CE) n° 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos. Pretende recortar algunas indemnizaciones que deben pagar las aerolíneas a los pasajeros en caso de retrasos, cancelaciones y denegaciones de embarque (overbooking) por considerar que la actual penalización que impone la normativa puede ser excesiva.

De este modo, el umbral que da derecho a los pasajeros de las compañías aéreas a exigir una compensación económica puede cambiar, y no sólo eso, sino que se reduciría drásticamente el número de vuelos reclamables. La propuesta establece subir las horas mínimas de retraso de tres a cinco horas en los vuelos nacionales, intracomunitarios o de menos de 3.500 kilómetros de distancia; y de nueve a 12 horas en los de larga distancia. En román paladino, con esta modificación, los retrasos de la mayor parte de los vuelos transoceánicos no se podrían reclamar.

La medida de la CE responde claramente a la presión de las aerolíneas que han decido acudir directamente al legislador, al no poder rebatir a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia Europeo y a los propios jueces de cada nación miembro, que han fallado mayoritariamente en favor de los viajeros (sin olvidar que han sido ellos quienes han equiparado los grandes retrasos a cancelaciones, que es lo que regula el Reglamento 261).

Es de destacar también el cínico intento de la Comisión de vestir la propuesta como una mejora de los derechos de los pasajeros proponiendo cambios que ya estaban regulados por numerosas jurisprudencias. Por ejemplo, el no considerar "fuerza mayor" a las averías mecánicas.

Desde que se dio a conocer esta iniciativa, se estima un plazo de 18 meses para que el Parlamento Europeo se pronuncie. De momento, el presidente de la Comisión de Transportes y Turismo de la Eurocámara, Brian Simpson, ha expresado su desacuerdo con la propuesta.

Si hasta ahora eran pocos los viajeros que reivindicaban sus derechos, a partir de la introducción de la nueva norma lo harán muchos menos. Y si nos centramos en los pasajeros de avión que obtienen reembolso, la diferencia será mayor. Hasta ahora, según un estudio reciente de la CE en Alemania, el Reino Unido y Dinamarca, las compañías aéreas indemnizan tan sólo al 2-4% de los afectados, en el 20% de los casos ni responden a las reclamaciones y en el 50% incumplen el derecho de asistencia (manutención y alojamiento).

A pesar de estos datos y de su deber de velar por los intereses de los ciudadanos, la Comisión Europea considera, y lo hace públicamente, que la actual legislación puede hacer "inviable" el futuro financiero de las aerolíneas.

La realidad es que alrededor del 1% de los vuelos experimenta retrasos o cancelaciones reclamables. Cuesta creer, por tanto, que esté en riesgo la viabilidad económica de las compañías.

Además, cabe destacar que algunas aerolíneas repercuten ya, con una "legalidad" más que cuestionable, el importe potencial de las indemnizaciones a los viajeros. Por ejemplo, cuando Ryanair desglosa el precio, al margen de los cargos habituales por pago con tarjeta o equipaje, la aerolínea irlandesa añade un plus de cinco euros por billete ante posibles solicitudes de indemnización, bajo el cargo UE 261. En resumen, hace pagar a todos los viajeros las posibles contingencias que sólo reclamarán algunos pasajeros.

Llegados a este punto, podemos preguntarnos: ¿Es posible que instituciones europeas obedezcan a medidas de presión de las aerolíneas?

Bruselas estima que estas nuevas reglas legales podrían estar aprobadas a finales de 2014. Sólo nos queda confiar en los estados miembros para que añadan enmiendas, pues serán ellos los que tengan la última palabra legal. Mientras tanto, nosotros seguiremos en pie de guerra.

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