EL servicio público de alquiler de bicicletas de Sevilla, Sevici, es una de las pocas realizaciones municipales que no ha tenido contestación. Todo el mundo considera que funciona bien y que cumple una misión de transporte público que cubre las necesidades tanto a los 50.000 ciudadanos que se han abonado como de los turistas que lo utilizan durante su estancia en la ciudad. Sevici, ustedes lo pudieron leer en este periódico el pasado jueves, tiene una flota de 2.500 bicicletas. Pues bien, de ellas sufren actos vandálicos cada semana unas 250 y unas 220 han sido robadas y se encuentran hoy en paradero desconocido. Un 10% de las máquinas afectadas por la delincuencia o el gamberrismo parece algo más que la merma técnica que un servicio de estas características tiene que tener. Esto incide sobre una realidad que en Sevilla se impone con fuerza ante la pasividad o la desidia de los que tendrían la obligación de combatirlo: el desprecio por lo público. Por lo que, en definitiva, es de todos. Es un desprecio que se demuestra en el vandalismo aplicado a las bicicletas de alquiler, pero también en la suciedad de la ciudad y en sus paredes pintarrajeadas unas y otra vez por los grafiteros y en otras tantas manifestaciones de ataque a los espacios públicos de convivencia que tienen lugar cada día en la ciudad. Ello, a pesar de las ordenanzas municipales que se suponen que están para ser cumplidas y que se ignoran olímpicamente. Ahí reside buena parte del problema y también de sus posibles soluciones. El día que el gamberro que destroza una bici de alquiler o que hace una pintada en una fachada monumental se convenza de que tiene muchas posibilidades de que eso no le salga gratis, las cosas empezarán a cambiar. Cuando el padre del gamberro tenga que aflojarse el bolsillo y pagar una multa por la fechoría de su hijo, estaremos en el camino de que estos problemas empiecen a solucionarse. Pero para que esto ocurra hace falta voluntad política de cumplir las normas y quitarse trasnochados complejos según los cuales no es progresista sancionar al que se las salta porque se estaría cortando su libertad. Lo verdaderamente progresista es garantizar que los espacios públicos y los equipamientos públicos son el patrimonio de todos y que nadie tiene derecho a cargárselo impunemente.