LO confieso: yo era de los que pensaban que la liquidación de la deuda histórica era una buena noticia para Andalucía y que no importaba mucho si se hacía en dinero contante y sonante o en suelo del Estado, a condición de que el propio suelo o su importe se destinaran a los fines que marca el Estatuto de Autonomía, es decir, a vivienda, educación y sanidad.

He cambiado de opinión conforme se ha ido conociendo el contenido de lo pactado por el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía. La perentoriedad del plazo acordado para liquidar la deuda, en coincidencia con la peor situación pensable en las cuentas del Estado, ha conducido a una salida negativa desde el punto de vista del interés colectivo de los andaluces. Ahora no me parece secundario en qué especie se abona la dichosa Deuda.

Porque ha ocurrido que, comprensivos con el déficit público, los gobernantes andaluces que han negociado en la comisión mixta han aceptado que nos paguen transfiriendo a la Junta la propiedad de Agesa -que gestiona los activos de la Expo 92 en Sevilla- y varios solares situados en unas cuantas provincias. Ahora bien, ¿cómo transformar estos bienes en inversiones en vivienda, salud y educación, algunas de las cuales están incluso previstas en los presupuestos de Andalucía para 2010? Pues difícilmente. Ni Agesa da beneficios en cantidad digna de mención, ni es buen momento para vender sus activos ni, mucho menos, para vender los suelos con rendimiento suficiente para la finalidad pretendida. Más aún, en algunos de los solares cedidos no es posible construir las viviendas de protección oficial que justificarían su aceptación por la Junta. En Almería, por ejemplo, incluso hay suelos de protección ambiental y que el Ayuntamiento prevé, con el plan de uso en sus manos, destinar a urbanización turística. No parece que el consistorio almeriense (PP y GIAL) esté por la labor de facilitar las cosas a Griñán y subordinar la autonomía municipal a las necesidades de la Junta.

Sobre todo después de que el Partido Popular, y también Izquierda Unida, haya considerado que esas necesidades, tal como se han planteado, son producto de una mala negociación por parte de la Administración autonómica (una traición, dicen ellos). Sin recurrir a palabras mayores, cabe decir que la liquidación de la Deuda Histórica se ha resuelto mal. No respeta el espíritu de la disposición transitoria en que se basa ni satisface las reivindicaciones que siempre se han venido defendiendo.

No sé si lo que ha firmado la Junta con el Estado es irrevocable. Debería ser posible aceptar el error y volver a empezar o aplazar la negociación hasta tiempos mejores. Yo estaba equivocado.