SI no se hubiera troceado hasta la extenuación el sistema educativo, imponiéndose una enseñanza parcelada de taifas autonómicas, no estaría produciéndose el carajal de contradicciones e incertidumbres que afecta a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC).

Son más de cuarenta mil los padres que han presentado objeción de conciencia a EpC en toda España, y eso que sólo se ha implantado en algunos cursos. Puesto que disponen de competencias plenas sobre la materia, cada comunidad autónoma ha actuado a su libre criterio. Unas han aplicado con entusiasmo la ley que consagró la nueva asignatura, otras lo han hecho sólo por ser ley, aunque con desgana, las de más allá la han sustituido por trabajos de voluntariado social e incluso hubo quien organizó clases de inglés para los alumnos objetores.

Como se da la circunstancia de que también se ha descentralizado la Justicia, las objeciones a Educación para la Ciudadanía tampoco han recibido una respuesta indiscutible en el ámbito judicial. Los recursos planteados en las distintas comunidades ante los respectivos tribunales superiores han embarullado aún más el panorama: unos han aceptado la objeción y otros la han rechazado, de modo que esa parte sustancial del derecho a la educación que constituyen los contenidos a enseñar ha quedado al albur de cada tribunal regional, y en ocasiones incluso a gusto de cada sala, porque se trata de una cuestión en la que los autos dependen mucho de la sensibilidad ideológica y personal de los magistrados.

No debería ser así, en ningún caso. Pero el próximo curso en la ESO empezará en pocos días y se repetirá la misma variedad ridícula de situaciones y conflictos. Se espera, pues, como agua de mayo la sentencia que el Tribunal Supremo dictará antes de la Navidad para aclarar tan confusa situación y poner orden... si es que no se le ocurre a alguien acudir a algún tribunal internacional y volvemos a empezar.

Si este país fuera más normalito nada de esto estaría ocurriendo. Habría una asignatura de Educación para la Ciudadanía, por qué no, válida para todos los estudiantes -¿o el civismo gallego ha de ser diferente del civismo a la andaluza?-, elaborada por un equipo multidisciplinar de expertos de prestigio reconocido sobre la base de un cuerpo mínimo de normas de convivencia en el que todos los partidos democráticos estarían de acuerdo. Una asignatura así, respetuosa y no doctrinaria, podría ser asumida por todos, como sucede en los países de nuestro entorno.

No es tan difícil si se aparca el sectarismo partidista y se exime a la educación de la política de campanario. Lo que no sé es si la clase dirigente española está dispuesta a cumplir ambos requisitos.