EN asunto de dineros ha existido siempre una tensión larvada entre diócesis y hermandades. La autoridad diocesana, de modo más o menos expreso y recurrente, plantea la exigencia de que aquéllas contribuyan a las necesidades generales de la diócesis. Recientemente se refería a ello, en estas mismas páginas, el propio arzobispo. Destacaba además en su intervención la mejora en el número de las que presentan sus cuentas ante el Vicario General. Al margen de otras consideraciones, sorprende que a estas alturas existan todavía corporaciones que no cumplan con ese deber formal. Medios existen para exigirlo y se trata del único modo de que los rectores eclesiásticos controlen una actividad económica de la que, en algún sentido, pueden considerarse responsables.

Por otra parte, la apelación al deber de contribuir al fondo común diocesano -al que sólo aporta directamente un escaso 8% de las hermandades sevillanas-, evoca la figura del tributo moderado que prevé la legislación universal de la Iglesia y se ha concretado en la normativa diocesana de hermandades y cofradías.

En esto de los dineros hay que distinguir la moral del derecho. Los fieles deben ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Esto dice la doctrina de la Iglesia y exige la moral cristiana. Las hermandades no pueden olvidar que son parte de la diócesis y deben ser conscientes de que las directrices y prioridades de esta Iglesia son fijadas por el obispo. En términos morales, parece razonable, por tanto, remar en la dirección que marca el pastor.

La Iglesia, por su parte, puede imponer un tributo moderado a las personas jurídicas públicas y las hermandades lo son. Si bien, a la hora de crearlo, se debería considerar la realidad social y económica de cada hermandad así como su contribución, tantas veces generosa, a las múltiples necesidades diocesanas, porque puede ocurrir que, dejando de recibir por caridad, se pierda más de lo que se gana al exigir por justicia.