DE la cena de Zapatero con los presidentes de comunidades autónomas de adscripción socialista salió un mensaje optimista marca de la casa: todos están contentos, todos creen que será posible el pacto sobre financiación autonómica, todos han vendido en sus territorios que sus planteamientos fueron bien acogidos.

No lo veo yo tan fácil. Seguramente habrá acuerdo entre ellos -otra cosa es que luego tendrán que convencer a las comunidades gobernadas por el PP- sobre los límites de la política de solidaridad, que será modulada por las variantes ya difundidas (la edad de la población, la dispersión, la insularidad). Pero al final unos saldrán perdiendo y otros ganando con el nuevo sistema y, además, la situación de las cuentas públicas en estos tiempos de crisis no permitirá disimular las pérdidas esgrimiendo crecimientos absolutos para todos, incluso para los que bajen en porcentaje.

Hay comunidades que verán frustradas sus aspiraciones, como Madrid, Valencia o Baleares, pero no cuestionarán a vida o muerte el nuevo modelo. Hay una, sin embargo, que se va a sentir agraviada. Cataluña, naturalmente. Porque Zapatero ha "desacralizado" la fecha de agosto como límite para tener acordado el nuevo sistema, porque se ha roto de facto la bilateralidad con que aspiraba a cerrar la negociación y porque -no hay que engañarse- su aspiración de fondo es una relación financiera específica con el Estado, ajena al común y con resultados semejantes al concierto vasco.

El problema político grave que subyace en esta cuestión es que tales exigencias no son caprichos de Montilla, sino que derivan de las concesiones del pasado. La bilateralidad está en el Estatut, como lo está la fecha fija del acuerdo. Durante la legislatura anterior Zapatero y el PSOE asumieron conceptualmente que Cataluña es distinta a las demás autonomías, aceptaron que fuera definida como nación y alentaron los planteamientos nacionalistas que, como se sabe, nunca se terminan de saciar, y tienen un particular efecto llamada (no hay más que ver cómo se definió a Andalucía en su Estatuto, fuera de la Historia y de la conciencia pública, sólo por imitación y previniendo males y discriminaciones mayores).

Mientras que en la lucha contra el terrorismo, los errores de Zapatero se han manifestado afortunadamente reversibles, en materia territorial no hay forma de echarse atrás: lo que se hizo mal consta en el Estatut, y ninguna fuerza política de Cataluña aceptará aguarlo. Ni siquiera el PSC de Montilla, cuya ideología socialista hace tiempo que quedó sumergida en el nacionalismo. Así que habrá acuerdo en la negociación, pero cogido con alfileres.