ES muy difícil posicionarse a favor o en contra del caso del niño obeso de Orense. Por un lado porque a la Administración la vemos según se nos antoje y dependiendo del caso. Unas veces es muy buena y otras todo lo contrario. Cuando surgió por primera vez el debate sobre la instalación de cámaras de vigilancia en las calles temíamos que se violara nuestra intimidad. Al ver que muchas sirven para descubrir asesinos, éstas parecen fundamentales para preservar nuestra seguridad y el consiguiente cumplimiento de la justicia. Quizá en el caso del niño obeso nos falte verle a él más allá de las fotografías emitidas por televisión.
Si las leyes lo permitieran, si por un agujerito pudiéramos ver el estado físico del menor, quizá el debate resultara sencillo. Puesto que el público no debe conocer la identidad del pequeño ni verlo, ni escucharlo, no nos queda más remedio que confiar en quienes sí lo han escuchado, visto y tratado. En este caso, en la Junta de Galicia, los responsables del caso que se preocupan por su salud y su familia. En manos de unos le faltaría amor paterno y en la de sus padres, quizá salud. El binomio parece la solución.
Dar de comer demasiado mata tanto como el hambre. Aunque alimentar a un hijo sea un gesto de amor vital hay un fallo en el comportamiento educacional de los padres, que han reconocido darle a su hijo todo lo que les pedía hasta provocarle obesidad mórbida.
En mi opinión, en este caso, confío en la Junta de Galicia y en el fiscal del Menor gallego, por su temple ante la tremenda presión mediática. ¿Por qué? Porque llevan casi cinco años diciéndoles a estos padres que deben cuidar la alimentación de su hijo. Porque han puesto en su favor la atención de cuidadores en un centro donde recibía una alimentación adecuada, pero que, al regresar por la noche a casa, le atiborraban de todo los caprichos.
Ante esa mala educación y la desobediencia insistente, la Junta ha advertido a esos padres de que, o entregan al niño para que sea valorado su actual estado de salud, o que podrían ser condenados a varios años de cárcel, en la que no ingresarían. Es decir, que la Junta lleva años detrás de estos padres, diciéndoles cómo deben ayudar al pequeño y éstos haciendo caso omiso y sin haber sabido valorar la magnitud de la situación. No creo en la mala voluntad de los progenitores, sí en el error, quizá por una mala asesoría que todo lo ha complicado.
Difícil debate, digo, puesto que estamos hablando de nuestros hijos. "Nuestros", no de las autoridades. Aunque debemos recordar que las leyes existen tanto para encarcelar asesinos como para multar a gamberros. También para que los menores disfruten de sus derechos fundamentales. Y, en este caso, a este niño se le está matando a base de platos de amor, aunque también se le puede herir al separarlo de su hogar.
Ahora bien, si la Administración se preocupa por los niños obesos (hay precedentes), ¿por qué no lo hacen de igual manera con los que padecen anorexia, bulimia o alcoholismo? ¿Deben hacerlo o no?
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