SE cumple la previsión y la coincidencia de los comicios autonómicas y generales está consiguiendo eliminar por completo el debate electoral sobre temas andaluces en general y sobre su economía en particular. Y no es que Canal Sur no se esfuerce, es que frente a la potencia mediática de la bofetada de Rajoy a Gallardón, la crisis financiera, las pastorales de los obispos o la confrontación en torno al terrorismo, el interés el interés por las ofertas de todo a 100 de los contendientes andaluces es prácticamente nulo. Personajes como Solbes, Pizarro o Caldera se han proyectado con firmeza sobre el escenario electoral sin necesidad de venir con frecuencia por Andalucía y a pesar de algunos pronunciamientos se refieren a temas muy cercanos a nuestros intereses, como las expectativas sobre el mercado de trabajo, las rebajas fiscales y la competencia fiscal entre comunidades autónomas o la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica.

Ha sido en Madrid donde ha surgido la polémica en torno a la eliminación del impuesto sobre el Patrimonio. Hay que comprender que el nuevo sistema de financiación le proporciona, como a otras comunidades, superávit primario, es decir, más ingresos de los que necesitan para cubrir sus necesidades presupuestarias, por lo que es comprensible que sus gobiernos prefieran reducir la presión fiscal sobre sus ciudadanos antes que devolver el exceso de recaudación a la Hacienda central. En Andalucía la situación es diferente. Nuestro déficit fiscal obliga a cubrir con transferencias del Estado la diferencia entre la magnitud del presupuesto y los ingresos que proporcionan los tributos propios y compartidos. El resultado es que aquí tenemos menos autonomía financiera que en otras partes y esto se traduce en menor autonomía política debido a que para hacer lo que, por ejemplo, pretende Madrid, tendremos que negociar con el Estado. Desde el ámbito académico se apuntan algunas soluciones, como la de fijar porcentajes de participación diferentes en los tributos compartidos con el fin de aproximar los niveles de autonomía financiera, aunque se desconocen posicionamientos políticos sobre el tema en Andalucía.

Quizás se trate de que este tipo de propuestas chocaría frontalmente con la hoja de ruta trazada en Cataluña para llegar al "cupo catalán". El primer paso fue la negociación bilateral sobre un modelo de financiación, cuyo primer objetivo era conseguir el superávit fiscal y volver a plantear el tema de las balanzas fiscales en el momento de devolver el exceso de recaudación. Este es el paso que se está dando en este momento, en el que también participa el PSC, junto con la reclamación de recursos equivalentes a los que proporcionaría el cupo catalán si estuviera vigente. El paso siguiente se puede adivinar, a pesar de que el cupo quedó expresamente excluido en las negociaciones del "Estatut", aunque es evidente que la situación podría ser reconsiderada en función del resultado de las elecciones y de la complejidad de la aritmética parlamentaria. Mientras tanto, aquí, en Andalucía, de elecciones autonómicas.