editorial

Unas elecciones con imputados

UNA gran mayoría de los españoles consideran que los imputados por la Justicia en relación con presuntos delitos de corrupción política no deberían formar parte de las candidaturas electorales del 22 de mayo. Ello es compatible, no obstante, con la paradoja de que en numerosas ocasiones políticos imputados son refrendados en sus cargos por el voto de los ciudadanos, lo que les permite autoindultarse de sus responsabilidades en casos de tráfico de influencias, cohecho, malversación o fraude fiscal. De esta situación no se puede salir más que mediante la voluntad firme de los partidos políticos de limpiar por igual su casa y la ajena. De poco valen pactos solemnes y acuerdos unánimes si, a la hora de la verdad, cada formación política denuncia a los candidatos imputados que van en las listas de sus adversarios y calla y acepta los que se han encajado en las listas propias. De hecho, en los comicios que se celebran en toda España dentro de menos de tres semanas hay más de un centenar de candidatos a alcaldes y diputados autonómicos que se encuentran incursos en procedimientos judiciales castigados con cárcel o inhabilitación. También en Andalucía. Puede entenderse la queja de los dirigentes políticos en el sentido de que una simple imputación no equivale a culpabilidad y condena y que en algunos casos los jueces instructores mantienen a los imputados durante meses sin acusarles de nada concreto y propiciando cierta indefensión, pero lo que no es aceptable es que el lamento sólo se ejerza cuando afecta a los militantes del partido de quien se lamenta y, en cambio, se extreme el rigor y la exigencia con los del partido de enfrente. Debería tal vez debatirse en qué momento de un proceso penal por corrupción un alcalde, concejal o candidato debe presentar su dimisión o salir de una lista electoral, pero lo realmente importante es que lo que se acuerde y se suscriba por todas las organizaciones políticas se aplique en todos los casos sin excepción. De lo contrario, va a haber que acudir a una ley, como ha tenido que hacerse con los tránsfugas, e imponer por la fuerza jurídica lo que cada cual entiende según un criterio de oportunidad y conveniencia.

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