EL Gobierno andaluz dedicará su reunión semanal del próximo martes a abordar el problema del desempleo, el más grave de los que padece la comunidad autónoma. Será un pleno monográfico del Consejo de Gobierno de la Junta, que ya había sido solicitado públicamente por el vicepresidente, Diego Valderas, para la semana pasada y que se aplazó a ésta para, oficialmente, concretar las medidas a raíz de los informes pedidos a las distintas consejerías. Lo curioso es que la Junta ya ha aprobado tres planes contra el desempleo desde que el gobierno bipartito tomó posesión: un plan de choque por el empleo en 2012, cuyo balance está por hacer, otro plan de choque como el anterior en 2013 y un plan especial de acción social, incluido en el presupuesto de este año, para proporcionar una renta de subsistencia a los parados sin subsidio y a las mujeres maltratadas, que todavía no se ha puesto en marcha. Todas estas iniciativas presentan una característica común: se publicitan a bombo y platillo como ejemplos de la preocupación del Ejecutivo autonómico por el drama del paro, pero su aplicación se demora o no se ejecuta o se ejecuta con un balance de resultados tan escaso que ni se hace público. Algunas voces del propio Gobierno andaluz empiezan a lamentarse, en privado, de esta apariencia de gestión contra el desempleo, y subrayan que al menos la Junta debería impulsar aquellos programas del presupuesto vigente que tienen incidencia en la creación de empleo. Eso debería hacerse sin alharacas ni venta de espejismos de solución definitiva, porque no se trata de un problema cuya resolución esté en manos de una comunidad autónoma. Pero llama la atención, de todos modos, que el azote del paro siga siendo más intenso y profundo en Andalucía que en el resto de las comunidades. Siempre desde la autonomía. Algo deben estar haciendo muy mal los gobernantes autonómicos para que esta realidad lacerante no haya cambiado nada. Podrían empezar por preguntárselo.