CUANDO me miras no ves a un hombre. Ves a un autónomo". Parece oportuno hacer esta analogía con la frase de Morgan Freeman en la película Tiempo de matar. ¿Recuerdan la respuesta del abogado en el alegato final para conseguir justicia para su hija? Concluye pidiendo al jurado: "Y ahora imaginen que era blanca". Lograr igualdad, a veces, significa combatir unos prejuicios arraigados en la sociedad, contra los que luchamos los arquitectos y otros profesionales, aunque nuestra realidad laboral lleve años silenciada bajo el falso estatus de un título. Por eso, ante lo que denuncio hoy aquí, les pediré que ustedes imaginen que nuestro casco de obra no es blanco sino azul.

La realidad actual de los arquitectos es que tenemos un 70% de paro sin engrosar las listas de desempleo y sin percibir subsidios por ser autónomos, una situación que está muy por encima de las medias negativas de otras profesiones dentro y fuera España, con sueldos un 50% más bajos que en Europa y un poder adquisitivo un 40% menor, sólo por encima de Rumanía o Bulgaria.

Ya es hora de denunciar socialmente que la incesante desregulación promovida a instancias de la "otra Europa" nos ha llevado a una quiebra de las garantías sociales: nuestro trabajo tiene que aportar unos sellos de calidad técnica que son incompatibles con la reducción paulatina de unos honorarios de saldo. La arquitectura es un servicio público que afecta a la seguridad de las personas y con esto no se puede mercadear ofreciendo trabajos por debajo de costes reales. A nadie se le ocurre regatear por un medicamento, porque se es consciente del trabajo previo de investigación, laboratorio, actualización formativa y normativa, y asunción de responsabilidades derivadas si surge algún problema. En eso mismo consiste el proceso y la garantía del producto arquitectónico, con diez años de cobertura en responsabilidad civil que recae en los profesionales libres, al poder desaparecer jurídicamente las figuras del promotor y constructor de las obras cuando se dan siniestros en la edificación.

Las diversas desregulaciones promovidas por diferentes gobiernos y la prohibición de baremos justos de honorarios llevan a unos mínimos insostenibles que ya no garantizan la estricta calidad al usuario. Y esta desregulación no debe estar precisamente promovida por quien tiene el deber de custodiar esa calidad. La mención a exigencias europeas para justificarlo se desmonta con facilidad con una comparativa de la profesión del arquitecto en la Unión Europea, por sus seguros de responsabilidad civil y sus honorarios mínimos regulados; como por ejemplo en Alemania, motor económico de Europa, donde existen las tarifas de honorarios profesionales.

Sin embargo, se siguen enarbolando argumentos en aras de la competitividad y la propia Administración fomenta la inseguridad y las condiciones laborales de explotación al eliminar la figura de las bajas temerarias de la ley de contratos del sector público, de manera que para la adjudicación del trabajo de arquitecto -entiéndase autónomo con más de 10 años de responsabilidad civil y penal por obra- la Administración admite valorar la hora en 0 euros puesto que los "honorarios son libres".

Ningún estado de derecho, sindicato, o convenio colectivo admitiría la situación a la que se ven abocados los arquitectos y en general los profesionales y autónomos de este país. Es curioso que después de obligarnos en 1996 y 2009 -sin justificación legal- a eliminar nuestras tarifas en "beneficio" del consumidor, sean los propios particulares, asociaciones, administraciones o juzgados los que llaman todos los días a los colegios para preguntar desorientados cuánto cuestan los servicios de un profesional, sin que se nos permita contestar si no es por petición de un juez. Sin embargo, constantemente se publican en el BOE tarifas que empresas públicas, ayuntamientos, Hacienda o cualquier otra Administración elaboran unilateralmente a su medida para pagar nuestros servicios. No es de recibo que en este caso las leyes del mercado no sean las que rijan. Claro que tampoco se entiende que los valores catastrales no se hayan "autorregulado" con el sector de la construcción por los suelos. Juzguen ustedes para qué sirve la libre competencia y cómo se ignora cuándo interesa.

Urge garantizar la dignidad del trabajo y calidad de los servicios, reducir el fraude fiscal, controlar el gasto público, evitar las bajas temerarias y la precariedad de seguros, y para ello es imprescindible una regulación equilibrada y unos honorarios de referencia a partir de los costes de producción del bien que se oferta. Porque trabajar por debajo de estos costes genera pérdidas importantes por disminución de la calidad o incumplimiento de plazos, poniendo en riesgo la economía, el medio ambiente, el patrimonio o la seguridad de las personas, lo que ocasionará más pérdidas en forma de indemnizaciones, medidas compensatorias o vidas humanas.