HAY que mirarse en el espejo de Italia para sacar conclusiones sobre el porvenir de la democracia española en la próxima generación. Esta semana ha caído Berlusconi. Su carrera política ha durado dos décadas desde que fundara Forza Italia, con el grito de ánimo de los tifosi de la Squadra azzurra, y ganara las elecciones de 1994. Antes había apadrinado a Craxi, el líder del Partido Socialista que llegó a primer ministro pero acabó condenado por corrupción y huido de la Justicia a Túnez, donde murió. Y antes se hizo rico con la construcción y había comprado el Milan, uno de los legendarios equipos de fútbol europeos.

Don Silvio ha sido un padrino. Y ha taponado la regeneración democrática de la República casi un cuarto de siglo. Le han echado del Senado por tener una condena en firme, que intentó evitar con blindajes legales fabricados a su medida durante sus cuatro mandatos como primer ministro. Ahora, sin inmunidad, le lloverán los pleitos. Y la política italiana recuperará cordura e ideología. La de Berlusconi se reducía a considerar el Gobierno de los asuntos públicos como si fuese una empresa en la que lo único importante es el beneficio. Sobre todo, el beneficio propio. Lo cierto es que la primera república italiana naufragó a primeros de los 90, con la desaparición de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, y procesos por corrupción con tres mil imputados. Pero todavía no ha llegado la segunda república.

Con la mirada en ese espejo, España busca una salida a la crisis de sus instituciones. La corona, los partidos, los sindicatos, la patronal, la magistratura y los medios de comunicación están en entredicho. Se hacen esfuerzos para aparentar voluntad regeneradora. Pero de momento sólo son gestos para la galería. El partido que sostiene al Gobierno de la nación ha defendido durante años a capa y espada a dirigentes valencianos, baleares o madrileños que han acabado condenados o les han descubierto fortunas clandestinas en Suiza. Y lejos de dar explicaciones convincentes sobre sus finanzas, sacan una ley de transparencia de aplicación inmediata, ¡para 2016!

En Andalucía el Gobierno regional se muestra preocupado por posibles facturas falsas de UGT que suman más de siete millones, pero no parece escandalizado por sus débiles sistemas de control e inspección sobre los pagos que realiza. En los locos años 2000 sobraba el dinero del generoso Fondo Social europeo. Ya pasó con los ERE falsos. En ambos casos la Junta actuó por denuncia previa, cuando ya había estallado el escándalo. Sería oportuno que revise el conjunto de sus procedimientos motu proprio. Incluso que analice con detalle a qué precio se hicieron sus siete acuerdos de concertación social con patronal y sindicatos entre 1993 y 2011.

Si el afán regenerador se queda en la pose, España puede tardar décadas en resolver su crisis institucional. Como Italia.