muñoz

SI trasladásemos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que plantea el Gobierno a la práctica y, en concreto, a los casos que instruye la juez Mercedes Alaya -recordemos que el proyecto quiere acabar con la "elefantiasis procesal" de los macroprocesos-, tendríamos un panorama desolador, con enormes causas algunas de las cuales se remontan a hace casi siete años, a 2008, como ocurre con el delito societario relacionado con la gestión de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Real Betis (diligencias previas 2172/2008).

Y digo desolador, estadísticamente hablando, porque en estos años en los que Alaya ha acaparado importantísimas y complejas investigaciones, la juez sólo ha finalizado de instruir una única causa -la del cohecho en Mercasevilla, que acabó con una condena de dos de los cuatro acusados-, otras dos está a punto de cerrarlas -la del caso Betis y las diligencias previas 5612/2009, relacionada con la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla-, y otras cuatro siguen en instrucción, una de ellas incluso no ha hecho nada más que empezar a andar: la de los cursos de formación (D. P. 966/2013).

A estas investigaciones se suman el delito societario de Mercasevilla (6143/2009), el caso de los ERE fraudulentos (174/2011), y la reciente operación Madeja o Enredadera (4720/2013). En siete años, Alaya ha tramitado siete procedimientos con este pobre balance en cuanto a la finalización de los procedimientos. La juez no ha cerrado ni la mitad de los procesos que tiene abiertos a pesar de la preocupación y de los avisos que le ha ido lanzando el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, para que fuera finalizando los procedimientos, una vez que Alaya rechazó el segundo juez de refuerzo que se le ofreció.

El Gobierno plantea ahora fijar un límite máximo de hasta tres años para la instrucción de las macrocausas, aunque excepcionalmente prevé prórrogas para fijar un nuevo plazo si lo pide el fiscal o lo acuerda "de oficio" el juez .

Pero la demora en la tramitación de estas monstruosas causas no puede achacarse sólo a la actuación de los jueces, porque influyen otros factores no menos importantes como la falta de medios. De nada servirá esta reforma legal si no va acompañada de más jueces, más plantillas de funcionarios y de mejores dotaciones de medios materiales. La aplicación en la práctica de esta reforma es poco creíble. Lo veremos.