QUE la violencia doméstica ejercida por hombres es una patología profundamente arraigada en España es un hecho incontrovertible: el pasado año cayeron muertas a manos de sus hombres 73 mujeres en este país. Aun así, todavía se escucha por nuestras radios a tertulianos que más parecen estar en la barra de una mala cantina cuartelaria, quienes, cogiendo el rábano por las hojas, critican que se llame a este fenómeno "violencia machista". Para calibrar quiénes somos todavía, baste con decir que no hace mucho escuché -boquiabierto- a un dentista comentar, mientras me obturaba una muela, la siguiente justificación: "Digo yo que algo habrán hecho ellas". ¿Les suena? En España, incluso gente estudiada y con pretendida educación bromea sobre la principal lacra -¿hay otra mayor?- de nuestra sociedad en el siglo XXI.

Precisamente de enfermedad social crónica (A deep-rooted ill in spanish society) tildaba hace unos días The International Herald Tribune el maltrato, hasta la muerte o no, de las mujeres en demasiados hogares españoles. El reportaje iba en la portada del periódico. Puestos a comparar, es cierto que, por ejemplo, en Turquía caen tres mujeres diarias por los golpes, puñaladas o quemaduras infligidas por quienes bien las quieren. Es cierto también que en algunos países escandinavos los asesinatos caseros a mujeres son tantos como aquí o más. Hay una diferencia clave, sin embargo: en España es muy elevada la proporción de mujeres asesinadas por su exparejas. "La maté porque era mía"... y dejó de serlo. También el alcohol y la cocaína disparan los peores instintos y las abismales inseguridades, y esta plaga azota a generaciones nuevas: la macabra cantera garantiza el horror futuro. En no pocos casos, en fin, los asesinos se suicidan tras dar muerte a la mujer. Podrían hacerlo antes, pero no es costumbre.

Los planes de reforma de la Seguridad Social y de las edades de jubilación contemplan el padecimiento de la violencia de género como una excepción que otorga mayores derechos. Una excepción lamentable: se pretende posibilitar la jubilación anticipada a los 61 años a las maltratadas (a las acreditadas, una minoría)... ¡siempre y cuando las palizas de su amantísima bestia hayan ocasionado a la víctima la extinción de su relación laboral! Que no haya podido seguir trabajando. Me pregunto cuántos partes de lesiones exige la carga de la prueba.

Ironías de las reformas de las pensiones, quien suscribe podrá pedir que se le compute como tiempo cotizado la mili que pasó sirviendo gratis a la patria en San Fernando, Sevilla y el Peñón de Alhucemas. Otra mili, de grato recuerdo y ninguna herida.