QUÉ vergüenza. Comparece en el juzgado una persona que se define como responsable político, que ha sido director general de Trabajo, y con sus respuestas perfila el retrato de un alto cargo que no sabe cómo funciona la Administración y que ni se lee la normativa sobre la que ha de gestionar. Políticamente es un ridículo que no se justifica ni como estrategia defensiva para aguantar el interrogatorio de la juez Alaya. Juan Márquez, con su pasmosa declaración, pone aún más en la picota los criterios de selección para nombrar los dirigentes que lleven el timón de la comunidad y el uso de los impuestos. Qué calamidad.

Andalucía seguirá siendo una tierra de potencial dilapidado, emigración forzosa y a la cola de Europa mientras sea tan fácil que su sistema político depare presidentes que nombren como consejeros a quienes designan como su equipo de dirección a personajes tal que Guerrero el de la dolce vita, o tal que Juan Márquez, tan alejado de la meritocracia que se jacta en decirle a una juez que él no ha visto un interventor en su vida. Claro, los interventores son unos aguafiestas que se leen los papeles, se saben la legislación y tienen a mano las normas. Prohibido encontrarse con un interventor, ni por casualidad en un ascensor o en un pasillo. ¡Viva la chapuza en favor del pueblo al que auxiliar con ayudas ilegales y con prejubilados falsos! ¡Viva el pleno empleo del que cobra y no trabaja! ¡Viva el político que no conoce a los interventores!

Márquez posee un dominio tan abrumador de las matemáticas, que en su equipo nadie se tomaba la molestia, ni él tampoco, en comprobar cómo una empresa con sólo dos trabajadores pedía un ERE para ocho. Le daba "presunción de veracidad" a lo que le ponían por delante.

Así es esta Andalucía, donde en lugar de combatir el paro, se combate el progreso. Qué fácil es ser director general, y qué difícil resulta tragarse que los consejeros y los directores generales no se pasaban el testigo político en la ejecución del descontrol.