La tribuna económica

Gumersindo / Ruiz

La financiación de las administraciones

MIENTRAS Gobierno y oposición definen un plan de acción la economía sigue su curso. Tenemos datos recientes sobre el problema de financiación del sector público en una ecuación que es bien sencilla: la crisis económica ha disparado los gastos, algunos discutibles, otros no, como las prestaciones por desempleo, y ha reducido en un 17% en 2009 los ingresos de la Administración central, al disminuir la actividad económica. Si vemos el problema en las distintas administraciones, a principios de 2008, ya en plena crisis, tanto la Administración central como la Seguridad Social no tenían necesidad de financiación, lo que explica en parte por qué se tarda tanto en identificar la gravedad de la crisis y la escasa preocupación por el descuadre de las cuentas públicas. Actualmente, esta necesidad supone el 9% del producto de la economía, cuando hace apenas dos años había un exceso de capacidad del 2%. De ese 9% lo más importante corresponde al Estado, con un 7,5%, y el resto a las comunidades autónomas y corporaciones locales; la Seguridad Social sigue sin necesitar financiación.

Las administraciones públicas han acudido a la emisión de deuda, sobre todo, a largo plazo, aprovechando los bajos tipos de interés. La deuda la han comprado principalmente las entidades financieras españolas, que tienen el 34% de la deuda pública, mientras que el 45% está colocado en el extranjero. Este hecho sugiere dos ideas; una, que las entidades financieras no dan préstamos a las administraciones públicas, pero sí las financian comprando la deuda que emiten. La otra es que dependemos fuertemente de la financiación exterior, por lo que no es raro que haya movimientos especulativos en los mercados internacionales.

La fuerte demanda de deuda pública por parte de entidades financieras españolas, a las que conviene la liquidez y seguridad de la deuda, ha permitido mantener bajos los tipos de interés. Mientras la Administración central tiene estas facilidades de financiación, no ocurre lo mismo con las comunidades autónomas, pues a medida que vayan necesitando financiación tendrán que elevar sustancialmente el tipo de interés, sobre todo, en los plazos más largos. En cuanto a la Administración local el problema no es tan grande en volumen, y la caída en la recaudación ordinaria no es muy fuerte, pero sí en aquellos ingresos que habían crecido mucho en relación con la expansión inmobiliaria. Estos recursos difícilmente se recuperarán, por lo que sólo cabe concentrarse en prestar servicios públicos esenciales y limitar aquéllos que crecieron al hacerlo unos ingresos que no pueden considerarse recurrentes.

Los inversores que compran nuestra deuda observarán con atención las cuentas públicas, sobre todo, las previsiones de ingresos y gastos, para ver la necesidad real de financiación. Esto es importante para decidir la forma de la financiación y cómo se elaboran los presupuestos, pues de la misma manera que debe quedar clara la voluntad del Gobierno de mantener la recaudación y reducir gastos, algunos ingresos locales, como los derivados de aprovechamientos de los planes generales de urbanismo, pueden ser cuestionados, y necesitan argumentarse con solidez.

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