EL nuevo acuerdo de financiación autonómica ha finalizado estos días, y sin apenas levantar ruido, su tramitación parlamentaria, beneficiándose de dos cosas. En primer lugar de la capacidad de la crisis para capturar la atención mediática sobre lo que tiene que ver con la economía. En segundo lugar, de que el modelo aprobado es técnicamente tan enrevesado, que resulta muy complejo determinar previamente y con un mínimo de exactitud lo que podría corresponder a cada autonomía. Por ejemplo, se establece 2009 como año base para la fijación de partida, pero no como resultaría de la aplicación del modelo vigente durante este año, si no incorporando algunas novedades que incluye el nuevo.

Como es lógico, las autonomías se han visto obligadas a afinar en sus estimaciones sobre niveles de actividad y recaudación tributaria a finales de 2009 para determinar los recursos con los que presumiblemente pueden contar para 2010 y así elaborar sus respectivos proyectos de presupuestos. Ante esta incertidumbre y con las arcas vacías, es muy probable que las promesas de crecimientos mínimos garantizados en las reuniones bilaterales del vicepresidente Chaves y el secretario de Estado Zarrías con las diferentes autonomías, haya facilitado en encaje y la aceptación final de la propuesta gubernamental, pero anticipando, como ha quedado de manifiesto tras el fracaso de la Conferencia de Presidentes, que a medida que se vayan desactivando las alarmas sobre la crisis se irán poniendo en marcha las tensiones autonómicas. Se podría decir, con perdón por la expresión, que se ha tratado de una experiencia de "multibilateralidad", tan repleta de tratamientos personalizados que seguramente será incapaz de soportar la puesta en común de los primeros resultados de la aplicación del nuevo modelo, cuando se conozcan.

Quizás lo de menos a estas alturas, puesto que parece haberse asumido como una imposición del Estatuto catalán aceptada por la mayoría de los grupos políticos, es que el nuevo modelo reduzca severamente la solidaridad. Lo más importante es que la dinámica interregional en España se desliza por un terreno insostenible desde el punto de vista económico y social. Por un lado, las comunidades autónomas aumentan significativamente el gasto corriente, a pesar de la contracción del PIB. Por otro, la variación neta en los ingresos de las regiones será, al margen del cambio de modelo, mayor que la variación en la recaudación, lo que supondría un cierto distanciamiento en el esfuerzo de austeridad que se espera del conjunto del sector público. La inconsistencia social del modelo podría quedar definitivamente expuesta si los resultados muestran que no solamente se reduce la solidaridad y la equidad interregional en España, sino que son manifiestamente insolidarios y contribuyen a aumentar la desigualdad. El problema es que no se trata de una posibilidad tan remota, sino de la conclusión que acaba de publicar la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre un estudio de Ángel de la Fuente, prestigioso investigador del CSIC, que, para colmo de males, pronostica que será precisamente Andalucía la comunidad más perjudicada con el nuevo modelo.