SI la concertación social no es capaz de ofrecer una solución consensuada para la definición de un nuevo marco de relaciones laborales, entonces ¿para qué sirve? Ya resultaba difícil entender el extraordinario y costoso protagonismo político de los agentes económicos y sociales en los pactos por la vivienda, en los planes de economía sostenible, en las mesas por el turismo o en la discusión de los presupuestos autonómicos y estatales, pero sobre todo la sistemática desactivación de las iniciativas reformadoras del Gobierno durante los últimos 12 meses. El colmo llega con la ruptura de las conversaciones para la reforma de la negociación colectiva, una de las materias básicas para justificar su propia existencia como instituciones, que podría haber alcanzado el límite de lo intolerable si fuesen ciertas las sospechas de injerencias por parte de dirigentes empresariales próximos al PP, con el fin de impedir avances significativos antes de las próximas elecciones generales. Puede que sólo se trate de una fantasía mediática, pero si efectivamente la estrategia existe, ya debería el Gobierno ir pensando en la clausura definitiva de la mesa de concertación o en adelantar la fecha de las elecciones.

Hace ahora aproximadamente un año que el Ejecutivo decidió poner en marcha la máquina de las reformas y durante un tiempo se ha tenido la impresión de que efectivamente todo estaba funcionando. En la práctica las cosas han sido mucho más lentas de lo previsto y tanto la reforma de las cajas de ahorro, como las polémicas decisiones sobre pensiones, funcionarios o cierre de empresas públicas parecen insuficientes para alcanzar los efectos pretendidos.

En el caso de la reforma laboral ocurre algo parecido, de manera que, de los cuatro pilares que sostienen el marco de relaciones laborales, sólo el del seguro de desempleo parece estar lo suficientemente apaciguado. En lo que se refiere a modelos de contrato sigue abierto el debate sobre la conveniencia de avanzar hacia un tipo único, como reiteradamente se recomienda desde diferentes instancias nacionales e internacionales. En relación con la intermediación laboral y las políticas activas de empleo, los casi cinco millones de parados constituyen la mejor acreditación del profundo fracaso. En Andalucía, además, debemos soportar la vergüenza de los ERE, las ayudas fraudulentas a la contratación o la reforma en falso del Servicio Andaluz de Empleo mediante su integración en una de las nuevas agencias, junto a la polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.

El cuarto pilar es el de la negociación colectiva. Seguramente el más importante de todos porque es dónde se discute y decide lo que crecen los salarios, y esto afecta directamente a la competitividad e indirectamente al empleo, pero al que ningún gobierno hasta ahora se había atrevido a hincar el diente. En realidad afecta a muchas otras cosas, como las vacaciones o los horarios, pero también a la flexibilidad en el mercado de trabajo y la capacidad que tienen las partes, empresarios y trabajadores, para imponer condiciones de trabajo y defender su particular parcela de interés.

Para el Gobierno es una cuestión de la máxima prioridad porque entre nuestros principales problemas siguen estando el elevado desempleo y la reducida productividad, y ambos están directamente influidos por la forma en que se pacten las condiciones de trabajo. Pensemos, por ejemplo, en el efecto sobre la competitividad y el empleo de ligar la evolución de los salarios a la inflación en un país que, como el nuestro, es inflacionario, en el que el goteo de empresas obligadas a cerrar como consecuencia de la pérdida de márgenes y beneficios es incesante y que además tiene que soportar unos costes financieros muy superiores a la mayoría de nuestros vecinos.

En estas condiciones, una flexibilidad laboral controlada debería permitir adaptar las condiciones de trabajo a la situación real de las empresas para intentar evitar el cierre y para ello se propone vincular la evolución de los salarios a la productividad y permitir los convenios de empresa. El problema es que el abultado volumen de desempleo podría dar lugar a situaciones de abuso de posición dominante y de hecho parece que se podrían estar dando por parte de algunas empresas, lo que justifica la demanda sindical de mayor participación en la organización del trabajo y el recurso al arbitraje en caso de discordancia.

Pero si tan clara es la necesidad de un nuevo modelo, ¿por qué resulta tan difícil ponerse de acuerdo? Una razón importante puede ser que afecte a la fuente del inmenso poder de las instituciones implicadas en la negociación y que reside en el reconocimiento de una desproporcionada capacidad de representación. Tomemos como ejemplo a los parados jóvenes, inmigrantes, de larga duración o mayores de 45 años que han conseguido por fin hacerse oír en sus reivindicaciones, aunque no en la mesa del diálogo social, sino en las asambleas populares del movimiento 15-M. Por otra parte, la proliferación de convenios a nivel de empresa podría permitir, por ejemplo, prescindir de intermediarios en una negociación que podrían llevar personalmente el empresario y el comité de empresa.