Alto y claro

josé Antonio / carrizosa

Una frivolidad que nos sale cara

EL curso no ha hecho más que empezar y con él los problemas que origina la aplicación de la nueva ley de educación, la que el ministro Wert, hoy disfrutando de un feliz retiro en París pagado por el contribuyente, se empeñó en sacar contra viento y marea y contra el criterio de una buena parte de la comunidad educativa. No quiero dedicar este artículo a analizar la Lomce, que tiene evidentes aspectos positivos y otros muchos abiertamente malos, sino a poner una vez más de relieve que mientras los políticos jueguen con la educación y se la tiren a la cabeza estarán jugando y tirándose a la cabeza nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. Tenemos un sistema malo en España y peor todavía en Andalucía. Lo dicen los informes PISA y lo dice también el nivel con el que se incorporan nuestros estudiantes a las universidades. No es un problema de enseñanza pública, privada o concertada; es un problema de calidad que se basa en la falta de un modelo que perviva en el tiempo y de que se impongan criterios que primen el esfuerzo del estudiante y la preparación del profesor. El problema no es ni mucho menos de ahora. Es un problema que se arrastra casi desde el mismo inicio de la democracia y que a lo largo de estas tres décadas no ha hecho sino agravarse y enquistarse. La falta de un pacto de Estado sobre educación es una de las más graves carencias de nuestro sistema político. Lo es porque nos ha demostrado que la educación no pasa de ser un argumento más de la lucha política, una frivolidad que el país está pagando caro.

Ahora es la Lomce, una ley que parte de unos principios ideológicos que hacían imposible un consenso amplio o, por lo menos, un acuerdo entre los dos partidos con posibilidades reales de gobernar en España. Nada que no hubiera pasado antes con las diversas leyes que desde la LODE de 1985 y la Logse de 1990, con el PSOE en el Gobierno, han ido destrozando sucesivamente el sistema educativo del país. No duden que si los socialistas vuelven al poder en las elecciones de diciembre una de las primeras cuestiones que abordarán será la derogación de la ley Wert y mientras tanto en las comunidades donde no gobierna el PP, como la nuestra, se ponen todo tipo de impedimentos para su desarrollo efectivo.

Sin embargo, sí hay algo en el panorama que ha cambiado la percepción que se tiene sobre esta cuestión: eso tan etéreo que se ha dado en llamar sociedad civil ha tomado conciencia de la gravedad de la situación y de la urgencia de ponerle coto a los disparates que hasta ahora han venido sucediendo. La concienciación del colectivo empresarial es quizás el ejemplo más claro de esta actitud, que no es nueva pero sí más intensa. Desde el Consejo de la Competitividad que agrupa a los grandes empresarios del país y que es, posiblemente, el lobby más poderoso que hay en España en estos momentos, hasta las iniciativas de carácter andaluz, como el Centro de Debate y Desarrollo, han dedicado buena parte de su atención a este problema. Lógico si tenemos en cuenta que la educación es la base, la única base, sobre la que se puede construir una sociedad desarrollada. Y, no se olvide, también una sociedad más justa.

Hasta ahora hemos fracasado como país en este empeño. España necesita un sistema educativo estable que abarque, por lo menos, una generación y que sea el mismo, en líneas generales, en Andalucía que en Aragón, en Cataluña que en Murcia. Cualquier otra cosa es condenar al país a la mediocridad y el fracaso. Nos lo dicen los informes internacionales que nos ponen cada año donde nos ponen. Pero sobre todo nos lo dice el sentido común y la realidad que vemos todos los días en nuestros colegios y universidades.

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