Editorial

El futuro de las pensiones

LA ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado a los representantes empresariales y sindicales la propuesta de reforma del sistema de pensiones que habrá de negociarse en los próximos meses en esta mesa social, además de en el Parlamento. La propuesta, todavía sin documentar, parte del informe elaborado por el comité de expertos, aunque el Ministerio ha matizado algunas de sus recomendaciones más drásticas. Nadie pone en duda la necesidad de acometer esta reforma, ya que el sistema vigente se acordó en el Pacto de Toledo en una coyuntura económica favorable y sin tener en cuenta en su justa medida el cambio demográfico experimentado por la sociedad española, así como en el resto el mundo occidental, caracterizado por la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida de los ciudadanos. Ello obliga a ajustar las prestaciones a la disponibilidad presupuestaria, cambiante en función de la situación de la economía nacional, y al hecho incontrovertible de que los españoles viven más tiempo a partir de su jubilación que todas las generaciones anteriores. Las matizaciones de la ministra al dictamen de los expertos dibujan un panorama sobre el que no cabe llamarse a engaño: las pensiones serán más bajas en el futuro inmediato. De lo que se trata en las negociaciones inminentes es de pactar cuánto lo van a ser. La ministra de Empleo propone fijar criterios básicos para garantizar la sostenibilidad del sistema, lo cual obligaría a decidir la cuantía de las pensiones teniendo en cuenta la evolución de la esperanza de vida de la población. Se hará a partir de 2019, según el criterio de Báñez, menos radical que los expertos, partidarios de la implantación inmediata de este criterio. Asimismo, el Gobierno plantea acabar con uno de los principios vigentes en el sistema de pensiones de modo que las prestaciones se desvinculen del coste de la vida. Su proyecto es fijar desde ya un mínimo de subida anual garantizada (el 0,25%) y un máximo (el Índice de Precios al Consumo más un 0,25%) a manejar según los ingresos y gastos de cada ejercicio económico. El mínimo aseguraría que las pensiones no queden congeladas en ningún momento, aunque el poder adquisitivo de los jubilados sufriría las oscilaciones de la inflación y perdería la actual garantía de su mantenimiento. El Gobierno descarta, en principio, asumir el planteamiento de las centrales sindicales de incrementar los ingresos del sistema por la vía de los impuestos globales, además de los directamente recibidos por la Seguridad Social. Las negociaciones se presentan, en todo caso, arduas y difíciles, como corresponde a un problema de tanta envergadura como repercusión social.

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