La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha considerado "un gol por la escuadra" la autorización por parte de su directora general de un sindicato de prostitutas (Otras) surgido en Barcelona. Pretende impugnar el permiso concedido a este sindicato alegando, con razón, que supondría legalizar por la vía de los hechos una actividad que no está legalizada.

Pero hay un problema: la prostitución en España no es legal ni ilegal. Es alegal, no está regulada, salvo en lo que se refiere a su ejercicio en espacios públicos, que está sancionado, y mediante la coacción y la trata que, por supuesto, se persigue como delito, y así debe continuar. Se trata, además, de uno de los delitos más degradantes y odiosos. Una forma extrema de esclavitud y una forma extraordinaria de abuso.

Esta regulación mínima e insuficiente deja fuera a un importante colectivo de mujeres y de hombres que han decidido ejercer de prostitutas o prostitutos y ganarse así la vida: alquilando su cuerpo (creo que es más correcto que "vendiendo", como suelen decir los contrarios a esta actividad) y hurta un debate al que la sociedad española tiene derecho y que debería acometer mientras más pronto mejor.

El debate es tanto más necesario cuanto que carecemos de modelo a seguir: la tradición no vale después de los enormes cambios sociales experimentados y en nuestro entorno europeo hay salidas para todos los gustos, desde la persecución implacable de las prostitutas, y aun de sus clientes, hasta la permisividad más absoluta y la indiferencia institucional y jurídica.

Quizás la fórmula más respetuosa con los derechos humanos es la que combina la prohibición de la trata de blancas y la erradicación de la prostitución forzada con el libre ejercicio de la prostitución voluntaria. No se me ocurre ninguna razón de peso para que el Estado imponga una moral determinada a las personas adultas que libremente se prostituyen o contratan a quienes se prostituyen. ¿Qué derecho tiene el Gobierno a impedir que una mujer elija, libremente, un trabajo que le permite ganar en unas horas lo que en otro trabajo le exigiría un mes entero? ¿Qué autoridad está legitimada para imponerle a un hombre que no haga un trabajo libremente elegido que consiste en cobrar por tener sexo con otra persona también voluntaria?

Así las cosas, lo lógico sería que los hombres y mujeres que trabajen en esta actividad legalizada se organicen en sindicatos.