La justicia en España ya está politizada. El debate que se alarga en los meses sobre las estrategias para que un partido u otro eviten que se politice la justicia ya es un postureo indigno de nuestra democracia. La falta de acuerdo para la renovación de CGPJ denota que las leyes y normas de elección no están pensadas para hacer que este decisivo órgano institucional sea libre e independiente. Dos juezas, de ideología de izquierdas argumentan que el TS ha condenado, sin pruebas, al ex presidente de la Junta y ex consejero de Economía y Hacienda. Aunque, centradas las dos juezas en defender que no se ha llevado un duro al bolsillo sí delatan que aceptan que prevaricó. Hay que detenerse en explicar que a Griñán o Chaves no se les juzgó por llevarse dinero. Se les juzgó por cambiar las normas, con resoluciones, que permitieron que se robara dinero de los fondos que iban destinados para ayudar a los andaluces que estaban en el paro. A ellos se les ha robado la oportunidad de estudiar, de prepararse para conseguir un trabajo, al menos, a lo largo de diez años. ¿Cuántas personas hubieran conseguido emprender su camino laboral y, en consecuencia, su futuro vital? La prevaricación es tan grave como la malversación. De facto las juezas progresistas reconocen, al no mostrarse en contra de esa parte de la condena, que Chaves y Griñán faltaron conscientemente a los deberes de su cargo al tomar decisiones y dictar resoluciones injustas, con la plena conciencia de su injusticia. Acostumbrados a estas prácticas, ahora desde el Gobierno de Sánchez, quien fue consejera de Griñán, María Jesús Montero, incrementa su campaña para agradecer a su compañero lo que tanto le ha dado. El argumento de que no se ha llevado un duro no cuela por mucho que lo repitan. Queda demostrado que esos 700 millones quedaron en manos de consejeros socialistas, ex directores socialistas, que entregaban a empresas socialistas elegidas a dedo, y a falsos empleados pagados para votar a los socialistas. Si esto no es robar bajo un descarado entramado aprobado por Griñán y Chaves… Este frente de defensa delata que no se respeta la decisión judicial, no solo del Supremo, sino de casi 16 jueces por los que ha pasado el caso de los ERE y en el que casi todos coinciden. Si se desobedece la decisión del Supremo, queda demostrado que la justicia está bajo el mando del actual Gobierno. Algo que pone en grave peligro nuestra democracia y Constitución.