EL asombroso caso de la juez Mercedes Alaya, los sinvergüenzas de los ERE, la Junta de Andalucía, Griñán, etcétera, se parece cada vez más a una de esas sólidas series de la cadena HBO capaces de trepar, capítulo a capítulo, sin reducir el asombro ni el suspense, por toda la urdimbre de la maldad. El guión, sabiamente dosificado en entregas impredecibles, tiene el mismo punto de maquiavelismo fino que cualquiera de las temporadas de The Wire. Alaya (a la vista está) es una perfecta conocedora de los tiempos y del ritmo. Su empeño inicial de abrir una causa general contra la Junta de Andalucía (un auténtico disparate jurídico enunciado en bruto) va por muy buen camino. Lo está haciendo con la misma limpieza con que el espíritu santo organizó la intriga de la inmaculada concepción. Alaya ha transformado la instrucción de los ERE en una indagación general contra el socialismo andaluz pero sin dejar brozas ni limaduras. Y lo ha hecho con un clarísimo (a mi juicio) trasfondo político, pero en vez de utilizar técnicas groseras, ha empleado cadencias insospechadas y sutiles juegos de compás, un refinamiento que, como los gases nerviosos, no deja huellas.

Por eso las críticas a la juez parecen suspiros: unos de alivio, otros de resignación. Salvo Guerra y su salida, las discrepancias siempre se han formulado en el mismo tono menor con que la juez va abriendo vías por toda la mole del aparato administrativo y político de la Junta. El otro día, por ejemplo, escribió en un auto: "Procede reclamar la vida laboral de la empresa Matsa" y las subvenciones que recibió de la Junta. Y enseguida todos pensamos en la reapertura del caso de la subvención de 10 millones de euros que recibió la empresa donde trabajó como apoderada la hija de Chaves, a pesar del cerrojazo del Supremo y del TSJA.

Nadie puede reprochar a Alaya su profundo sentido de la oportunidad. Sus movimientos sinuosos en las vísperas electorales son legítimos y descarados. Si en las municipales fulminó a un concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sevilla, ahora en las generales ha hecho estallar buena parte de la pirotecnia antisocialista acumulada en el procedimiento. No es que no tenga derecho a entrar a saco en el embarrado fraude de los ERE (que merece llevarse por delante a los aprovechados pero también a quienes permitieron semejante caso de clientelismo general), no, lo singular es el sentido de la oportunidad política con que nombra, como quien no quiere la cosa, a Griñán a una semana del 20-N o acuerda establecer las fianzas en la víspera del día electoral. Ayer el editorial de nuestro periódico recordaba que en otra época los jueces procuraban que sus resoluciones no afectaran a las campañas electorales. Alaya no cumple esa regla voluntaria de cortesía. Supongo que por exigencias del guión.