LA banca está bajo sospecha, sobre todo porque, entre la propia banca, unos sospechan de otros. Y no se prestan dinero entre ellos, los bancos, lo cual hace que haya menos dinero en el sistema. Menos dinero para los presupuestos y los proyectos de las empresas, menos dinero para la creación de empleo, menos dinero para prestar y para, a partir de ahí, invertir. Menos dinero, menos gasolina para hacer camino. Y mucho miedo.

De este invierno para acá, empresas solventes y tradicional y básicamente autofinanciadas han recibido la fría notificación de que sus pólizas de crédito quedan canceladas, o la mitad o alguna de ellas. De la alfombra roja a la fría nota de adiós, de un mes para otro. En este estado de cosas que anticipaba la crisis (recordemos que crisis es una situación de cambios repentinos que, a la postre, resultan en inestabilidad), la banca española ha sufrido poco o nada las consecuencias de las subprime (o sea, hipotecas concedidas a insolventes potenciales, en Estados Unidos, que después contaminaban fondos de inversión y, finalmente, hicieron que las rodillas del sistema global temblaran). Los mayores controles ejercidos por nuestra capitidisminuida autoridad monetaria, el Banco de España, en comparación con los de los países anglosajones, han protegido a nuestro sistema bancario. En seguridad bancaria, somos los mejores (ver en The Economist, La senda española: una forma de poner freno a la voracidad bancaria, publicado el pasado 17 de mayo). Los vates del liberalismo fundamental -que gana adeptos en tiempos de bonanza y los pierde en los de zozobra- deben reconocer que el libre juego de las fuerzas financieras produce, también, monstruos metastásicos en la economía, y no siempre genera competencia y eficacia de los mercados: el golferío y la gula, en caso de surgir, deben tener enemigos en las instituciones.

En Andalucía, "la banca" significa, en buena medida, las cajas de ahorro: muchas, dispersas y, también y a pesar de todo eso, sólidas. Sin embargo, es difícil que, en tiempos de crisis -que actualmente lo son-, se pueda conjugar la función social y política de las cajas con la necesaria competitividad para hacer frente a la banca-banca: ¿cuánto tiempo se pueden tener beneficios varias veces menores que los de los bancos privados en un mercado que es común a ambos tipos de instituciones financieras? Aun así, ésa quizás no sea la pregunta fundamental. Los malos tiempos económicos han vuelto a poner en solfa el papel de las cajas de ahorros y su condición de instrumentos de la política económica de la Junta de Andalucía: aparte de los marrones de corte crónico, como Isla Mágica y otros, las cajas debieron apechugar con Sacesa y la tocata y fuga de los dueños americanos de Delphi.

La vasca Alcor está; a la catalana Ficosa se la espera, sin demasiada esperanza por la aparente renuencia de Caixa Catalunya y Narcìs Serra en apoyar el empeño. Tras el desencuentro del pasado año Vallejo-CEA por la no andalucidad del proyecto salvador de Sacesa, la cuestión está en el aire, y los fantasmas del quebranto público revolotean en él. Los días y los números rojos financieros corren, entre tanto. Ahora, el Gobierno andaluz quiere reactivar -con diligencia, pero no sabemos con cuánta esperanza, y puede dudarse sobre con cuánta eficacia a la vista del panorama- la economía regional, tirando de pleitesía de las cajas: marcando el paso, rechistando poquito. Ojalá que no sea una gota simbólica en la turbulencia global. Ni otra hipoteca a fondo perdido de nuestras entidades bancarias de bandera.