ES un lugar común que los ayuntamientos son los parientes pobres de nuestra democracia. Como todos los tópicos, este refleja una realidad incuestionable: tras la aprobación de la Constitución de 1978 y el diseño del modelo autonómico, en España se crearon diecisiete mastodontes administrativos con enorme capacidad de generación de gasto y muy escasa de gestión de ingresos. Por el contrario, se privaba a los ayuntamientos de un marco estable de financiación y se les obligaba a prestar servicios que correspondían a otras administraciones y por los que no recibían ni un duro. Si a ello sumamos que la gestión municipal en España no ha sido precisamente un modelo de eficacia y austeridad y que las inversiones mal planificadas y el despilfarro han estado a la orden día, se completa el cuadro que nos explica la caótica situación financiera de la inmensa mayoría de las corporaciones locales españolas. Sin necesidad de viajar mucho, la Junta de Andalucía ha sido desde su creación en los primeros años ochenta un ejemplo claro de cómo se pone en pie una inmensa maquinaria burocrática capaz de absorber miles de millones de euros en gasto corriente con limitada capacidad de prestación de servicios al ciudadano más allá de la educación y la sanidad; mientras, el Ayuntamiento de Sevilla lo ha sido -y no es ni mucho menos un problema exclusivo de esta corporación- de mala gestión económica y de ineficacia en la asignación de sus escasos recursos.

Una crisis económica de la profundidad y la duración de la que padecemos va, necesariamente, a poner muchas cosas en su sitio. Quizás sea éste el único perfil positivo que se le pueda encontrar. Y entre las cosas que deberían encajar ahora en España para no repetir errores cuando salgamos del marasmo, la financiación municipal tiene que ser una de las que se aborde con urgencia desde la esfera pública. El plan de rescate que ha propuesto en Andalucía la Federación de Municipios es coherente con esta filosofía y debe ayudar a salvar la desastrosa situación actual, en la que muchas corporaciones han pasado ya el límite de no poder hacer frente al abono de las nóminas o de los pagos más esenciales. Pero será sólo un parche si no se les dota de una financiación estable y el Estado toma conciencia de que la hora de los ayuntamientos ha llegado.